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La Junta reducirá a 4 meses la espera de los dependientes

La Junta reducirá de seis a cuatro meses el plazo legalmente establecido para valorar y conceder prestaciones a las personas dependientes. Tras el retraso inicial reconocido, asegura que actualmente todas las personas son atendidas antes de seis meses por lo que acortará el plazo.

el 15 sep 2009 / 03:42 h.

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La Junta reducirá de seis a cuatro meses el plazo legalmente establecido para valorar y conceder prestaciones a las personas dependientes. Tras el retraso inicial reconocido, asegura que actualmente todas las personas son atendidas antes de seis meses por lo que acortará el plazo.

La Ley de Dependencia establece que las solicitudes para valorar el grado de discapacidad de una persona deben resolverse en un plazo máximo de tres meses y una vez valorada. En caso de tratarse de un gran dependiente o un dependiente severo -la ley se aplicará progresivamente al resto- en otros tres meses contará con un Programa Individual de Atención con las prestaciones determinadas para su situación, en forma de servicios asistenciales (teleasistencia, ayuda a domicilio, centro de día o atención residencial) o ayuda económica (para la persona o cuidadores).

La consejera de Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro, reconoció ayer en una entrevista con este periódico que "esos plazos, hasta ahora, se apuraban, incluso en algunos casos, al principio, se sobrepasaban", una crítica que la oposición llevó varias veces al Parlamento y que admitió el propio presidente Chaves, quien no censuró que las familias fuesen a los tribunales para reclamar su derecho (se ha producido alguna denuncia al respecto). Garantizó incluso que las prestaciones reconocidas se ofrecerían con efectos retroactivos.

Sin embargo, tras la "bola de nieve" inicial producida por el aluvión de solicitudes del comienzo, la consejera de Igualdad asegura que "en estos momentos esos plazos ya no se agotan normalmente". "Por eso creemos que hay que acortarlos", explicó, al tiempo que sacó pecho al señalar que el 40% de las solicitudes valoradas en todo el país corresponden a Andalucía "mientras comunidades como Madrid han puesto en marcha el sistema hace un mes". La satisfacción y seguridad en el grado de cumplimiento es tal que la Junta tiene previsto modificar en breve el decreto andaluz que regula la aplicación de la ley estatal para situar la duración total del proceso "en torno a cuatro meses".

Al margen de esta modificación, en esta legislatura la Junta se ha comprometido a elaborar una ley autonómica de dependencia para "ampliar recursos". No hay fecha pues la idea es ver primero "el recorrido de la ley estatal", pero la consejera de Igualdad confía en que se apruebe en la primera mitad del mandato.

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