Economía

La Junta refuerza el control sobre la ‘banca’ interna de las cooperativas para evitar riesgos

Las secciones de créditos quedan limitadas y se impone una gestión profesionalizada.

el 03 sep 2014 / 22:37 h.

Casi tres años después de la aprobación por unanimidad en el Parlamento autonómico, la reforma de la Ley de Cooperativas de Andalucía cuenta con el esperado reglamento que la desarrolla, aprobado el pasado martes en Consejo de Gobierno. Esperado porque ésta de la economía social es una de las ramas crecientes sobre todo en la agroalimentación, y esperado también porque, tras la crisis financiera, regula –y pone coto– a las secciones de créditos para que no se desmadren convirtiéndose en la tumba de estas empresas. En efecto, la norma abre y a la vez fija un mayor control sobre estos departamentos que actúan como bancos internos para los propios cooperativistas, y de aquí mismo parte una primera novedad: sólo para la sociedad y sus socios. Es decir, la actividad tanto de activo (crédito) como de pasivo (depósito) se limitará «exclusivamente al seno de la cooperativa y de sus personas socias». Pero esto no impide que el excedente de tesorería se rentabilice en bancos o que los colaboradores de la cooperativa se beneficien de sus servicios, aunque únicamente en operaciones de pasivo –e incluso así con restricciones–. Cuidado, no estamos hablando ni de cooperativa de crédito o caja rural, expresiones éstas cuyo uso queda taxativamente prohibido para así evitar confusiones. Aunque una caja rural es una cooperativa de crédito en su origen gestada por agricultores, abierta está a todo el público, por mucho que en el campo radiquen sus principales clientes. Bajo un rótulo que rezaba sección de crédito, un trabajador, por formación administrativo, era quien atendía y apuntaba. Y eso se acabó: «Deberá contar con una dirección o gerencia profesional, con dedicación permanente a dicha sección, y sus titulares deberán reunir las condiciones de capacidad, preparación técnica y experiencia para desarrollar las funciones propias del cargo». Pero, ¿quién decide las operaciones? Las condiciones económicas, es decir, interés cobrado por los préstamos y el importe de éstos y el pagado por los depósitos habrán de pactarse en el órgano de administración de la sociedad. Si la operación la realiza la propia cooperativa con cargo a los recursos de su sección de crédito, corresponderá la autorización a ese órgano o, por delegación expresa, a esa gerencia profesionalizada. Tales condiciones financieras, incluidas las comisiones, deberán anunciarse y estar a la vista de todos, y, de forma destacada, que los recursos de los clientes (depósitos) no están bajo la cobertura financiera del Fondo de Garantía de Depósitos de las Entidades de Crédito. Léase claro: si hay problemas, el dinero puede perderse, no está asegurado siquiera por el máximo de 100.000 euros por titular dispensado por ese fondo. Y más. «La actividad de la sección de crédito (de la cooperativa) no podrá tener una dimensión de tal envergadura que constituya de hecho la actividad principal (de la sociedad)». ¿Cuándo ocurriría? Cuando los ingresos ordinarios del departamento crediticio superen la mitad de los ingresos ordinarios de la cooperativa durante al menos dos años o también si sus activos superan en el 50 por ciento al total de los activos consolidados del balance de la cooperativa. Se trata, pues, de limitar la actividad financiera para que no hipoteque ni comprometa el futuro económico de la propia cooperativa –que, por ejemplo, no quiebre por el excesivo volumen de créditos o impagos de los mismos–. Para mantener un «adecuado nivel de solvencia», es decir, para menguar los riesgos sobre los depósitos (que se puedan devolver), el volumen total de préstamos no podrá exceder el 50 por ciento de los recursos de la sección y el coeficiente de disponibilidad líquida (billetes en caja) coincidirá al menos con el 15 por ciento de los depósitos confiados por los clientes. Si la operación crediticia se realiza para la propia cooperativa, el tipo de interés nunca podrá ser inferior al precio oficial del dinero fijado por el Banco Central Europeo. Ningún préstamo a socio o «una unidad de riesgo» (por ejemplo, una familia) podrá exceder el 2,5 por ciento de los recursos y se limita también para la gerencia. LAS CLAVES Finanzas. Las cooperativas con secciones de crédito deberán remitir semestralmente a la Consejería de Economía información detallada sobre su actividad financiera (de créditos y depósitos). Figuras. El reglamento regula nuevas fórmulas de cooperativismo: las cooperativas de impulso empresarial, las cooperativas de servicios públicos (en ellas cabe la participación de entes públicos andaluces), las cooperativas mixtas y, por último, los grupos cooperativos. Inversor. Junto con la figura del socio, aflora también la del inversor, cuya aportación al capital social será voluntaria y con las limitaciones que fije la propia cooperativa. Eso sí, no podrá tener actividades económicas que entren en colisión con la de la propia cooperativa en la que entra. Puede tener hasta un 49 por ciento del capital social y un 25 por ciento de los votos en la asamblea –antes, 30 y 20 ciento, respectivamente–. Burocracia. Los trámites se agilizan tanto para gestar sociedades cooperativas como para incorporar socios, crear puestos de trabajo, mejorar la flexibilidad interna «y favorecer una mayor libertad en la distribución de los beneficios», según resalta la asociación de empresas de economía social Cepes Andalucía. Fusión. La normativa, asimismo, detalla los procedimientos reglamentarios para acometer los procesos de fusión. Los acreedores de la sociedad podrán exigir el pago de la deuda antes de que se cierre esa integración e incluso oponerse a ésta si no cobran. Y la fusión puede ser con otra cooperativa «o con todo tipo de sociedades mercantiles o civiles siempre que no lo impida la legislación». Son grupos empresariales más allá de los actuales grupos cooperativos, siendo ésta otra de las grandes novedades que aportó la ley ahora desarrollada –de hecho, ya existen tres en marcha–. Trámites. El reglamento establece la posibilidad de constituir una cooperativa sin necesidad de escritura notarial y rebaja de dos meses a uno el tiempo de respuesta de la Administración autonómica. Dependiendo del tamaño y la estructura de la nueva sociedad, este plazo puede incluso reducirse hasta los cinco días.

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