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La Junta regula el derecho a la vivienda y su reclamación ante un juez

El Gobierno andaluz ha aprobado hoy el proyecto de la Ley del Derecho a la Vivienda, que regula el derecho constitucional y estatutario a una vivienda digna y adecuada para todos los andaluces, así como la posibilidad de que los ciudadanos reclamen su cumplimiento ante los tribunales de justicia.

el 16 sep 2009 / 03:20 h.

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El Gobierno andaluz ha aprobado hoy el proyecto de la Ley del Derecho a la Vivienda, que regula el derecho constitucional y estatutario a una vivienda digna y adecuada para todos los andaluces, así como la posibilidad de que los ciudadanos reclamen su cumplimiento ante los tribunales de justicia.

El proyecto, que se remitirá al Parlamento andaluz para su aprobación definitiva antes de finales de año, recoge que las administraciones públicas (Junta y ayuntamientos) estarán obligadas a favorecer este derecho de acceso, bien en propiedad o en alquiler, a todas aquellas personas que carezcan de ingresos económicos para acceder a una vivienda del mercado libre en su localidad.

En concreto se dirige a aquellas unidades familiares que ingresan 36.000 euros brutos anuales, tengan vecindad administrativa en algún municipio de la comunidad autónoma (mínima de tres años); no sean titulares ni tengan derechos de disfrute sobre un inmueble ya existente y estén inscritas en el Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida de inminente creación.

"Estamos ante un enorme avance de los derechos sociales y una norma que es la primera en España en regular este derecho. Su aprobación en plena crisis supone una reafirmación en el compromiso por los derechos sociales", ha aseverado en rueda de prensa el consejero de Vivienda, Juan Espadas.

El proyecto hace especial referencia al concepto de vivienda de calidad no sólo como el recinto físico sino atendiendo también al conjunto de dotaciones y equipamientos que deben estar a disposición del ciudadano, si bien establece que las edificaciones residenciales que se construyan en Andalucía deberán incorporar parámetros de sostenibilidad y eficacia, ha apuntado.

El Registro Público Municipal de Demandantes, cuya creación será obligatoria para los ayuntamientos dentro de unas semanas, determinará la demanda, el número de solicitantes y cuántos inmuebles y de qué tipologías residenciales se necesitan en cada municipio.

No obstante -según Espadas-, la norma establece la elaboración de planes municipales y autonómicos de vivienda, en los que los ciudadanos deberán ver reflejadas las necesidades expuestas en el Registro Público Municipal y, en caso contrario, tendrán la posibilidad de exigir esta obligación ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

La Junta deberá adaptar el Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012 a lo dispuesto en la Ley.

Los ayuntamientos dispondrán de un plazo máximo de dos años para la aprobación de los planes municipales, en los que se especificarán las modalidades de ayuda económica y las medidas más adecuadas para favorecer el ejercicio de este derecho, como arrendamientos con opción a compra, incentivos para la salida al mercado de viviendas desocupadas y oferta residencial en régimen de alquiler.

Una vez que el Parlamento apruebe el texto definitivo, los andaluces que reúnan los requisitos podrán demandar a las administraciones cuando se produzca un incumplimiento de la ley.

La futura norma cuenta con el aval del Consejo Consultivo, los agentes económicos y sociales y la FAMP, por lo que el consejero ha confiando en que la oposición parlamentaria tenga "altura de miras" para mejorar el proyecto y no lo rechace en la Cámara.

En cuanto a su financiación, Espadas ha sostenido que está garantizada a través de los planes de vivienda y de la gestión de las ayudas estatales.

El actual Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012 ya recoge inversiones públicas y privadas que superan los 11.000 millones de euros, al igual que la Estrategia de Competitividad en Andalucía prevé para el mismo periodo una inversión de 2.559,1 millones de euros por parte de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio.

De esta cantidad, 2.277,4 millones se destinarán a la política de vivienda.

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