La propuesta de la Consejería de Fomento y Vivienda de que inquilinos de pisos sociales sustituyan el pago del alquiler al que no pueden hacer frente por trabajos comunitarios está basada en el concepto sharing economy o economía colaborativa, que surgió a principios de la década del 2000 de un aula de la Universidad de Harvard. En realidad esta medida es un retorno a los orígenes de la economía real, basada en el trueque o intercambio de bienes. Lo novedoso aquí es que uno de los que participa en este trueque moderno es el Gobierno andaluz.
Para empezar, detrás de la propuesta de la Consejería de Vivienda no hay beneficio monetario, no hay relación laboral entre la administración (el arrendatario de las viviendas sociales) y los inquilinos, no hay vínculo contractual, más allá de un acta en el que se regula el cómputo de horas de trabajo y la condonación de parte del alquiler que le corresponde. El plan andaluz de vivienda y rehabilitación incluye esta iniciativa encaminada a solventar una situación enquistada de difícil arreglo: en las 80.000 viviendas del parque público andaluz se concentra un grado de morosidad persistente del 11,2%, según fuentes de la consejería. Son familias que llevan meses sin pagar y que no pueden hacer frente al alquiler, a pesar de que el coste es muy bajo (a veces incluso inferior a lo que tienen que pagar del Impuesto de Bienes e Inmuebles).
Vivienda ha pilotado una agresiva campaña contra los desahucios de personas en riesgo de exclusión, que cristalizó en la llamada ley antidesahucios, recientemente recurrida en los tribunales por el Gobierno central. La norma, que ha tenido un impacto internacional (la UE advirtió del riesgo de que hiciera tambalear el rescate bancario), permite expropiar pisos a los bancos que estén a punto de desalojar a familias en riesgo. Es obvio que el gabinete de Elena Cortés no podía plantearse desahuciar del parque público de viviendas. La alternativa ha sido esta propuesta, que forma parte del plan marco y ya fue debatida en octubre en comisión parlamentaria. Entonces, el diputado socialista Enrique Benítez se mostró entusiasta y aplaudió la medida. Sin embargo, cuando semanas después fue presentada en un foro lleno de periodistas, el PSOE reaccionó con cierto descreimiento, el portavoz del Gobierno andaluz enfrió las expectativas advirtiendo de que no habría barra libre para los impagos de alquileres sociales (les preocupa el agujero legal que puede abrir la iniciativa en el cumplimiento de las obligaciones fiscales) y el consejero de Economía, José Manuel Sánchez Maldonado, despreció la medida al afirmar que la beneficencia es cosa del pasado.
Esta última frase disgustó muchísimo a los socios de Gobierno (IU), que acusaron a Maldonado de no conocer la propuesta ni haber hecho esfuerzo por entenderla. Pero tampoco el sindicato CCOO pareció encajar bien la solución que, junto con la propuesta de garantizar la luz y el agua a familias en riesgo de desahucio, las calificó de ocurrencias. En Andalucía hay tres millones de personas que viven al borde de la pobreza, con una renta inferior al 60% de la media. Esta circunstancia, por fuerza, ha de condicionar el modo de hacer política. Los gobiernos se hacen más intervencionistas, dicen los expertos consultados, y corren el riesgo de confundir las políticas sociales con la caridad. El catedrático de Economía de la Universidad de Málaga, Juan Torres, suele mencionar en sus textos una frase de Charles Dickens que se ha convertido en un tótem entre los sociólogos: El buen samaritano es un mal economista.
Los socialistas creen que sus socios comunistas pecan de buenos samaritanos, es decir, de malos economistas, y abogan por soluciones estructurales y no coyunturales. A veces la política que entronca con la llamada sociedad cooperativa, como ésta de cambiar el pago del alquiler por trabajos a la comunidad, tiende a convertir a la gente pobre en obreros, como ocurría en las fábricas a finales del siglo XIX, dice Fernando López Castellano, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Granada. Otros expertos advierten del riesgo de que el voluntariado sustituya los huecos del Estado de bienestar que la administración abandona. El equilibrio es complejo: Andalucía, en el último año, ha aprobado una ley que permite expropiar viviendas a los bancos que están a punto de desahuciar a familias en riesgo de exclusión y un decreto que garantiza tres comidas diarias a los alumnos con más necesidades. El PP calificó esta segunda medida de tercermundista, y la presidenta Susana Díaz, que fue quien la anunció, se lo reprochó duramente. Sin embargo, luego fue la propia Díaz quien afeó a sus socios de IU que buscaran titulares de prensa a costa de los más necesitados, a raíz del anuncio para garantizar un suministro mínimo de luz y agua a las familias más pobres, o la ya mencionada propuesta del alquiler compensatorio. ¿Por qué las primeras se tildan de políticas sociales de izquierda y las segundas son propias de la beneficencia?
El Gobierno andaluz quiere que la gente se haga responsable de su destino. Una medida como la del alquiler convierte al pobre en proactivo para salir de la pobreza, avisa López Castellano. La consejera de Bienestar Social, María José Sánchez Rubio (PSOE), recuerda que existe un catálogo blindado de políticas sociales, y que estas medidas, más impactantes desde el punto de vista mediático, sólo complementan para casos de extrema necesidad.
El PP califica estas propuestas de demagógicas y acusa a la Junta de dedicarse a la propaganda y la pancarta, en lugar de diseñar medidas de largo recorrido, como la cien veces prometida y aplazada ley de renta básica. El Parlamento aprobó recientemente la creación de un grupo de trabajo que diseñará esta norma, que busca garantizar unos ingresos mínimos a las familias más desfavorecidas. La dificultad de esta iniciativa y lo que la distingue de las otras, admiten todos los partidos, es que necesitará un presupuesto mucho más holgado y a más largo plazo que las otras.
El sharing economy Son las capas más modestas del tejido social quienes idean el llamado sharing economy: comparten o intercambian lo que tienen, así amortizan gastos y logran beneficio mutuo. El P2P, para intercambiar archivos por internet, es el más conocido. También hay quien tiene un coche, pero no le llega para gasolina y comparte su itinerario. Aquí la Junta asume que familias con problemas económicos no podrán pagar el alquiler, de modo que renuncia a cobrar esa deuda a cambio de que los inquilinos hagan trabajos sociales, principalmente rehabilitación de las zonas comunes en los edificios sociales, algunos de ellos muy deteriorados.
