El Gobierno andaluz volvió a sentar a la mesa, un año después de la firma del séptimo acuerdo de concertación social, a los empresarios y los sindicatos. El presidente José Antonio Griñán recibió en San Telmo, por separado, al presidente de la CEA, Santiago Herrero y a los secretarios generales de CCOO-A y UGT-A, Francisco Carbonero y Manuel Pastrana. Todos los protagonistas se comprometieron a impulsar y renovar el pacto social andaluz que se firmó en noviembre de 2009 después de un año de tensiones y desaveniencias.
"El resultado fundamental es la renovación del compromiso con la concertación", defendió el consejero de Economía, Antonio Ávila. "Ha quedado claro que la concertación es el intangible más importante que tenemos", añadió el titular de Empleo, Manuel Recio. En las próximas semanas comenzará una ronda de reuniones al más alto nivel para que en la primera quincena de marzo esté ya el listado de medidas y planes concretos que se priorizarán para crear empleo y atraer a inversores. Sin embargo la lectura de lo ocurrido este año fue muy diferente según el Gobierno y los agentes sociales y económicos. El presidente de la CEA confesó sentirse "muy insatisfecho" con la marcha de la concertación y aseguró que "no ha habido una interlocución permanente" imprescindible, a su juicio, para que este tipo de acuerdos tripartitos puedan funcionar. Los sindicatos, que han sido muy duros meses atrás, suavizaron ayer las críticas. "Se podría haber hecho más, pero hay muchas dificultades", sostuvo el dirigente de CCOO-A, Francisco Carbonero.
El Gobierno andaluz dijo asumir las críticas pero hizo un balance radicalmente opuesto. Puso en valor el que en solo un año, además muy complicado por la crisis económica, se hayan celebrado medio centenar de reuniones y se hayan iniciado entre el "85 y el 90% de las medidas" anticrisis contenidas en el acuerdo de concertación. El consejero de Economía avisó de que la concertación "es algo de todos" y por eso defendió hay que "escuchar las cuitas de todos y corregirlas".
El Gobierno andaluz eludió en público ser más explícito pero se muestra convencido de que ha sido un mal año para la concertación por motivos ajenos a su voluntad. Pone como ejemplo la campaña emprendida por los sindicatos para llamar a la huelga general del pasado 29 de septiembre, que llevó a CCOO y UGT a endurecer su tono con el Gobierno o a evitar fotos y acuerdos. O la aventura fallida de Santiago Herrero para presidir la cúpula empresarial española, que también llevó al jefe de la patronal andaluz a imponer distancias públicamente de la concertación y a criticar duramente las políticas del Gobierno. Nada que ver con la lectura de los interesados que por supuesto responsabilizan a la Junta del distanciamiento, no solamente por poner en marcha políticas económicas como los ajustes al margen del diálogo social, sino también por los cambios de Gobierno y la falta de interlocución de algunos consejeros con sindicatos y empresarios o la ausencia de diálogo con Griñán.
Parálisis. El presidente de la CEA fue también especialmente crítico con los excesos burocráticos que aseguró mantienen paralizados proyectos inversores en la comunidad. Aludió en concreto a tres campos de golf, una actividad deportiva ecuestre en Sotogrande y el puerto de Sevilla. Según Herrero, es una "cuestión de voluntad política". El Gobierno andaluz aprobó un decreto de agilización de trámites administrativos la última semana de diciembre -ayer el Parlamento dio luz verde a su tramitación- y anunció que se priorizarán inversiones estratégicas, pero para la CEA no es suficiente. Como ejemplo, Herrero aludió a que en cuatro años no se haya aprobado ningún campo de golf y aseguró que en las solicitudes para estos proyectos, de los diez requisitos, dos son normativos pero "otros ocho los solicitan los funcionarios de manera garantista". Ávila garantizó que se seguirán agilizando trámites y defendió la "necesidad de generar un clima de confianza en torno a las posibilidades de Andalucía para atraer inversiones".
La principal preocupación de los sindicatos, que trasladaron a Griñán, es que se dispare el número de andaluces que "viven de la beneficiencia" por la desaparición desde febrero de los 426 euros para los parados que han agotado la prestación. Calculan que el fin de esta ayuda elevaría a 500.000 los andaluces sin ningún tipo de ingresos, cifra que la Junta sitúa en 217.000. UGT y CCOO pidieron al presidente andaluz que interceda para que el Ejecutivo reconsidere este recorte. El Gobierno andaluz recordó que la prestación se sustituirá por becas de formación, insuficientes para los sindicatos.A la espera de que se concreten los proyectos que tendrán prioridad presupuestaria, UGT y CCOO propusieron activar "inmediatamente" el Plan Andaluz de la Vivienda, las infraestructuras que creen más empleo y los puertos. Quieren planes concreto para los parados de larga duración como el Proteja, participar en la negociación agraria, reabrir la minería metálica o impulsar las energías renovables.
