La Junta ha dado un viraje de 180 grados a sus planes sobre las tarifas al agua y plantea ahora cobrar un canon para financiar un plan de choque de infraestructuras hídricas que permita a la comunidad cumplir con la normativa europea en 2015 y otra tasa para grandes infraestructuras.
Si hace un mes la Junta planteó en el borrador del Acuerdo Andaluz por el Agua cobrar dos cánones al agua, uno a los usuarios de los municipios y otro a los de las aguas subterráneas -el documento no decía nada de gravar el uso agrario de aguas superficiales-, ahora, tras 30 días de debates con el sector -regantes, empresarios, sindicatos, usuarios y ecologistas- el planteamiento de la Administración ha sufrido una nueva definición. Según el borrador de un nuevo documento (Bases para el Acuerdo Andaluz por el Agua), presentado esta semana al sector, habrá dos cánones pero no tendrán nada que ver con los propuestos en el primer borrador: uno servirá para financiar grandes infraestructuras hídricas y se cobrará "a los usuarios de aguas superficiales procedentes de presas y desaladoras" mientras que una segunda tasa recaudará fondos para un plan de choque de infraestructuras "en materia de abastecimiento saneamiento y depuración". Este impuesto sí se cobrará "a todos los usuarios", incluidos ya los que utilicen las aguas subterráneas.
El primero de estos cánones, explica el nuevo documento, "sustituirá al actual canon de regulación" que pagan los usuarios de uso urbano precisamente para la financiación de infraestructuras de extracción y almacenamiento del agua. La segunda tasa "tendrá un carácter progresivo en el caso del uso doméstico y se implantará a lo largo de un período de cuatro años".
De este modo, si la regulación de estas tasas se contemplará en la futura Ley del Agua que la Junta prevé aprobar en 2009, este nuevo canon para financiar el plan de choque de obras hídricas no estará totalmente implantado hasta 2013, sólo dos años antes de la fecha prevista por la Unión Europea para cumplir la Directiva Marco de Aguas.
Actualmente, según fuentes de la Agencia Andaluza del Agua, ya hay 17 municipios en la comunidad que tienen un impuesto similar por este motivo (inversiones de abastecimiento, saneamiento y depuración), de modo que, según el nuevo borrador, "las personas que ya contribuyen mediante el pago de este canon [tendrán] una especial consideración para no dar lugar a una doble imposición". Es decir, que la Agencia Andaluza del Agua, según apuntaron fuentes de este organismo, ajustarían la tasa que ya pagan los usuarios de esos 17 municipios (Sevilla, entre ellos) al canon planteado ahora por la Junta.
Una promesa de 2004. El cobro de un canon a los regantes y carácter recaudador de este impuesto -puntos fuertes de nuevo de la propuesta lanzada por la Junta- fueron, sin embargo, los dos motivos que llevaron al Gobierno autonómico la legislatura pasada a aparcar la aprobación de Ley de Aguas, una norma que el Ejecutivo andaluz había prometido ya en 2004. Los regantes, de momento, no han querido pronunciarse respecto a esta nueva propuesta. Fuentes de Feragua (Federación Andaluza de Comunidades de Regantes) aseguraron ayer a este periódico que no se posicionarán de momento sobre los cánones propuestos en este nuevo borrador "porque no están muy detallados y está por ver cómo se van definiendo y de qué manera va a afectar al sector".
El objetivo de recaudar fondos mediante estes canon tiene dos objetivos: por un lado, cumplir con la Directiva Marco de Aguas -que obliga a que el precio del agua sea real y a que se recupere el coste del servicio y de los daños ambientales- y, por otra parte, respaldar a los pequeños municipios andaluces que no tienen capacidad financiera de sufragar sus obras hídricas, que requieren enormes inversiones. Según la Agencia Andaluza del Agua, entre un 10% y 15% de los andaluces vive en pequeños municipios sin una sistema adecuado de depuración de aguas. Todas las comunidades españolas salvo Castilla y León, Extremadura y Andalucía disponen de algún tipo de impuesto ecológico del agua.
