En una mezcla de indignación, reproches y petición de que vuelva a la mesa de negociaciones, el Gobierno andaluz respondió ayer al órdago lanzado la víspera por el armador propietario de Astilleros de Huelva y Astilleros de Sevilla, que se ha quedado solo en sus ataques al Ejecutivo regional y en su intento de permanecer al mando del timón de dos compañías navales a la deriva.
En un informe confeccionado ayer por los servicios jurídicos y técnicos de la agencia IDEA, adscrita a la Consejería de Innovación, se rebaten todos los argumentos de la empresa para rechazar la hoja de ruta planteada por la Junta de Andalucía, y le recrimina que sólo busque que los acreedores le realicen "una quita importante de las deudas actuales" -unos 300 millones de euros, de los que el armador admite 214 millones a corto plazo- y que ambas sociedades, además, "obtengan financiación pública y ayudas públicas para su viabilidad futura".
IDEA, asimismo, niega que sus proyectos para las factorías pasen por el cierre de la onubense -es lo que advierte el dueño-, sino dedicarla "a la construcción de buques de tamaño inferior a los actuales y más apropiados a las instalaciones [problemas de espacio] durante diez años [como exige la ley si se renuncia a la licencia de grandes barcos] y a labores de reparación y mantenimiento".
Así, otros informes encargados por la Consejería inciden en la falta de viabilidad de Astilleros de Huelva "si no se reconvierte", y ni para esta empresa ni para Astilleros de Sevilla el armador ha presentado un plan convincente.
Es más, dice el documento que fue el propietario el que planteó, "y por escrito", el cese de las actividades en Huelva, que es precisamente ahora lo que denuncia el grupo para justificar su rechazo al plan autonómico.
De hecho, el citado documento confirma la noticia, publicada el pasado sábado por este diario, de que los accionistas habían solicitado al juez que blindara a los astilleros frente a sus acreedores durante un periodo de tres meses -es el llamado procedimiento preconcursal-, "dado que no pueden hacer frente a sus pagos", al tiempo que recuerda que todos los implicados en las negociaciones -entidades financieras, inversores potenciales, etcétera- exigen que se vayan los actuales dueños y gestores y, por tanto, que entren nuevos socios industriales.
Y tras la solicitud del armador de que se dé cabida a empleados e Izar -antigua sociedad pública propietaria de las atarazanas sevillanas-, el Ejecutivo regional recuerda que CCOO y UGT ya participan en los diálogos, al tiempo que también la hoja de ruta prevé la coordinación con la SEPI -sociedad estatal dueña de Izar-.
Al margen de la réplica vía informe, ayer hubo aluvión de reacciones al órdago del armador de Huelva -propietario del 80% de la factoría hispalense, mientras que el 20% es de Contenemar, que está en suspensión de pagos-.
La empresa naval "busca más el interés personal que el global, y es un acto de irresponsabilidad e injusticia con los trabajadores", dijo el consejero de Empleo, Antonio Fernández, quien incidió en que la Administración andaluza actuará "con la contundencia que merece la defensa de la plantilla" si la compañía persiste en su empeño y "no reflexiona".
Del lado de los sindicatos, respaldo pleno de CCOO y UGT a la postura del Gobierno regional por parte de los secretarios generales en la comunidad, Francisco Carbonero y Manuel Pastrana, mientras que unos 400 empleados de la planta hispalense se manifestaron para forzar al armador a firmar la hoja de ruta.
En cambio, la industria auxiliar de Huelva expresó ayer su apoyo a los actuales gestores de los astilleros frente a una Junta de Andalucía que, dice, los quiere cerrar.
