La futura ley del derecho a la vivienda que prepara la Junta reservará tres de cada cuatro VPO -230.000 de las 300.000 previstas para la próxima década- a los jóvenes mileuristas. El Gobierno andaluz acepta, a propuesta de los sindicatos, que el reparto global se haga en función de la renta.
Los principales beneficiarios de la norma serán, como ha repetido el Ejecutivo andaluz en muchas ocasiones, los jóvenes, pero más que la necesidad generacional primarán las dificultades económicas para acceder a una primera casa. Así, en el reparto de las 300.000 VPO previstas en diez años, los mileuristas acapararán el 76,6% de las mismas, es decir, 230.000 pisos protegidos, según fuentes de la negociación del Pacto por la Vivienda. La distribución global se hará, por tanto, según el nivel de renta, tal y como pedían los sindicatos en las conversaciones sobre el pacto, embrión de la futura ley.
La Junta entregó ayer a los agentes de la Concertación -sindicatos y empresarios- un nuevo documento de trabajo que recoge algunas de las propuestas de ambas partes. La más importante, reivindicada por UGT y CCOO, es el establecimiento de los distintos cupos en función de la renta. En este nuevo informe, la división queda de la siguiente manera: el grueso de las VPO se destinará a las familias con ingresos anuales de hasta 2,5 veces el Índice de Precios de Efectos Múltiples (Iprem) -indicador similar al salario mínimo interprofesional, 499,20 euros al mes-, es decir, aproximadamente 20.000 euros al año por unidad familiar. La reserva se justifica teniendo en cuenta que, según datos de la Agencia Tributaria de 2006, Andalucía es la región con mayor número de mileuristas y que, según un reciente estudio, en la comunidad ya son más los hogares de un solo miembro que los de cinco o más.
Para las familias que ganen hasta 5,5 veces el Iprem -40.000 euros anuales o 3.100 mensuales-, la Junta fija un cupo de 50.000 VPO, el 16,6% del total. Por su parte, a los hogares que ingresen al año menos de una vez el Iprem, hasta 7.000 euros, les corresponden 10.000 viviendas protegidas. Otras 10.000 VPO irán destinadas a las personas en riesgo de exclusión social o con especiales dificultades.
pisos a precio tasado. Uno de los puntos de fricción entre sindicatos y patronal es la propuesta de esta última -apoyada por los municipios- de crear una vivienda intermedia a precio concertado o tasado. Los empresarios creen que así se satisfarán las necesidades de quien supera la renta para comprar una VPO pero no puede pagar una vivienda libre. Los sindicatos, en cambio, consideran que el precio de venta será muy similar al de la vivienda libre y, por tanto, inaccesible para muchos andaluces. El documento presentado ayer por la Junta no incluye a los pisos concertados en el cómputo de las 300.000 VPO, pero deja una puerta abierta a futuras conversaciones en el marco del Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 2008-2012.
Ajenos a esta negociación, los propietarios de VPO en Andalucía llevarán a cabo movilizaciones después de Navidad y antes de las próximas elecciones generales y autonómicas, previstas para marzo, porque se sienten "excluidos" del Pacto por la Vivienda. El portavoz del colectivo, Sergio Contreras, explicó que en esas protestas pedirán ser escuchados por el Gobierno andaluz.
