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La Junta reta a Guerrero y al PP a "tirar de la manta" en el caso ERE

El director general de Trabajo defiende su labor y recurre el auto de Alaya que le ha imputado en el fraude de ayudas públicas

el 30 ene 2012 / 20:14 h.

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El consejero de Empleo, Manuel Recio, observa el trabajo de un joven, en un centro empresarial de Huelva. / julián pérez / efe

El presidente andaluz, José Antonio Griñán, reaccionó ayer con bastante calma a las rotundas declaraciones de Francisco Javier Guerrero, exdirector general de Trabajo y principal imputado en el caso ERE, que la semana pasada declaró voluntariamente ante la Guardia Civil durante seis horas. Guerrero dijo que la batuta del fraude de las ayudas públicas al empleo la llevaron los dos exconsejeros para los que trabajó durante 10 años-José Antonio Viera y Antonio Fernández- y que, en las más altas instancias del Gobierno andaluz, otro responsable político supo cómo se hacían las cosas y permitió que siguieran haciéndose así: Gaspar Zarrías, consejero de la Presidencia y entonces número dos del presidente Manuel Chaves.

Guerrero señaló como beneficiarios o cómplices de la supuesta trama al despacho de abogados Garrigues, a sindicalistas y a funcionarios de su departamento, y remató asegurando que en la Consejería de Empleo se habían destruido documentos para ocultar pruebas a la jueza Mercedes Alaya, que instruye el caso.

Griñán disolvió ayer el Parlamento y firmó la convocatoria de las autonómicas. Y cuando le preguntaron al respecto, contestó sin sobresaltarse: Guerrero "tendrá que explicar qué documentos y quién los destruyó", porque de lo contrario, "tendrá una imputación más". "La Junta no ha destruido ningún documento" relacionado con el fraude de los ERE, remachó el presidente.

En la investigación de Alaya constan ya 48 imputados, cinco de ellos fueron o son altos cargos del Gobierno andaluz. En este grupo se encuentra el exconsejero Fernández, el exdelegado de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas, el propio Guerrero y las dos personas que le sustituyeron en el cargo tras destaparse el fraude: Juan Márquez (de principios de 2009 a abril de 2010) y el actual director general de Trabajo, Daniel Rivera. Éste fue imputado la semana pasada (el único que lo está del actual Gobierno) y de inmediato recibió el apoyo sin fisuras de la Junta. Ayer defendió su trabajo y anunció que recurrirá el auto de la jueza Alaya.

En su declaración ante la Guardia Civil, Guerrero había asegurado que los exconsejeros Viera y Fernández estaban en el origen del convenio, firmado en 2001, que abrió la puerta a la concesión de subvenciones discrecionales al margen de la normativa, para agilizar las ayudas a empresas en crisis y así lograr la "paz social". Guerrero insiste en que ambos conocían el sistema para incluir a falsos prejubilados entre los beneficiarios del ERE de una empresa para la que nunca trabajaron. "Todo lo relacionado con las ayudas era conocido en el consejo de dirección semanal, incluso algunas, por su entidad eran despachadas personalmente por el consejero y viceconsejero (Faja Pirítica, Delphi)". "Antonio Fernández me dijo que fuera a la agencia IDEA y le diera una patada en los cojones al gerente" para solucionar los problemas de pagos de algunas ayudas, según consta en la declaración adelantada ayer por varios medios.

Pero esta vez Guerrero subió un escalón más al denunciar que, una vez que la Intervención General (órgano fiscalizador de las cuentas públicas) puso en duda el procedimiento, el asunto llegó al "consejillo" (presidido por Zarrías, consejero de la Presidencia, y compuesto por los viceconsejeros), y supuestamente Zarrías decidió dejarlo como estaba.

El consejero de Empleo, Manuel Recio, cree que la declaración de Guerrero es un intento desesperado para escapar de la juez. "Hay que tener en cuenta que es una de las principales personas que está encausada y entiendo que en su defensa haga todo lo que esté en su mano por defenderse". A Guerrero le imputan delitos de malversación, tráfico de influencias y prevaricación. Su exchófer también declaró haber usado parte del dinero de las ayudas para "cocaína y fiestas" que gastaban él y su jefe. Recio insistió ayer en que "no ha habido destrucción de ningún documento, el presidente y yo tenemos tranquilidad absoluta y queremos que todos estos que advierten de que van a contar cosas y tirar de la manta lo hagan cuanto antes".

El bufete Garrigues defendió la actuación "profesional" y "honorable" de sus profesionales imputados en el caso ERE y adelantó que colaborarán con Alaya.

El PP-A hace suya la declaración de Guerrero y acusa a Zarrías

Una vez disuelto el Parlamento, el PP-A solicitó ayer la comparecencia urgente del consejero de Empleo, Manuel Recio, ante la diputación permanente para dar explicaciones sobre las acusaciones de Guerrero que apuntan a Gaspar Zarrías, exconsejero de la Presidencia. Los socialistas se negaron. El secretario general del PP-A, Antonio Sanz, dio ayer por buenas las acusaciones de Guerrero ante la Guardia Civil y de inmediato señaló a Zarrías como “la Z” del caso del fraude en los ERE. “Esto cierra el círculo: Chaves sería la X y Griñán la Y”. El número dos del PP-A exigió a Zarrías que explicara su relación con Juan Lanzas, exsindicalista de UGT imputado en la causa de los ERE, supuestamente por mediar en la entrega de ayudas y recibir comisiones a cambio. Sanz insistió en que el presidente Griñán está “moral y políticamente invalidado para presentarse a las autonómicas, porque ha mentido en el Parlamento sobre la situación económica de Andalucía y sobre los ERE”, como demuestran las declaraciones de Guerrero, dijo. La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, también consideró ayer “bastante incomprensible” que Griñán, Rubalcaba y Chacón no hayan ofrecido “ninguna explicación” sobre “los escándalos” relacionados con el caso de los ERE. El coordinador regional de IU, Diego Valderas, criticó que el presidente andaluz y Recio “se abracen” al actual director general de Trabajo, Daniel Rivera, imputado en el caso. “Si al final es condenado, en las espaldas de quien se han abrazado al imputado llevarán la condena”, sentenció Valderas.

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