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La Junta retira el recurso al Supremo y pagará los trienios a interinos

Economía paraliza su denuncia judicial y asume los pagos atrasados al personal interino. Cerca de 22.000 profesores se verán beneficiados.

el 09 mar 2011 / 20:01 h.

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El Gobierno andaluz acaba de retirar el recurso que interpuso en el Tribunal Supremo contra el personal interino de la administración que exigía cobrar los mismos pluses por antigüedad que reciben los funcionarios. La Junta asume así que tendrá que pagar todos los trienios atrasados entre 2005 y 2007 a los interinos que reclamaron ese derecho en los tribunales, principalmente maestros y sanitarios. Sólo en la enseñanza, 22.000 profesores podrían beneficiarse del cobro de esos pluses atrasados. La Consejería de Economía eludió ayer cuantificar cuánto dinero tendrá que pagar en total al colectivo de interinos.

El gabinete jurídico de la Junta, en una carta remitida al consejero de Economía, Antonio Ávila, a la que ha tenido acceso este periódico, solicitó en enero el permiso para "desistir" del recurso interpuesto en el Supremo contra las sentencias que obligaban a pagar los trienios.

En los tribunales andaluces, el caso estaba teniendo desigual recorrido. Unas sentencias eran favorables al interino (y obligaban a pagar retrasos de hasta 13.000 euros) y otras daban la razón a la Junta. Pero la batalla judicial no se limitaba sólo a Andalucía. Los interinos también litigaban con la Administración central, denunciando la "discriminación salarial" que sufrían frente a los funcionarios de carrera, "que hacían el mismo trabajo y cobraban más". Fue el Gobierno andaluz quien decidió elevar al Supremo "un recurso de casación en interés de ley" para que sentara doctrina, aunque, al final, no ha esperado a que los jueces resuelvan.

El servicio jurídico de la Junta argumenta que, el pasado diciembre, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas dictó una sentencia sobre el asunto que resolvía a favor de los funcionarios interinos que reclamaban el plus de antigüedad en el salario. El dictamen europeo condicionaba a España y a los gobiernos autónomos, así que el recurso interpuesto por la Junta en el Supremo no tenía visos de prosperar. Ávila consintió en retirarlo. El pasado 7 de febrero, el Supremo aceptó la solicitud de la Junta y aprobó la "suspensión de la tramitación del recurso a fin de formalizar el desistimiento".

El trienio o plus por antigüedad -que se cobra cada tres años y aumenta progresivamente- era exclusivo del salario de funcionarios hasta 2007. Ese año, por orden de la UE, el Gobierno aprobó la ley del Estatuto Básico del Empleado Público que extendía el derecho a cobrar trienios a todo el personal interino. Sin embargo, España entendió que ese mandato europeo sólo tenía vigencia desde que entraba en vigor la ley, el 13 de mayo de 2007, así que decidió no pagar los trienios anteriores a esa fecha.

El pasado 22 de diciembre, el Tribunal de Justicia de la UE resolvió una demanda presentada por una maestra interina de Galicia que reclamaba sus trienios atrasados. La doctrina europea dio la razón a la profesora y reconoció la "aplicación retroactiva" del derecho a los trienios, obligando al Estado español y a las comunidades a acatar la jurisprudencia europea.

Andalucía tendrá que abonar los atrasos a los interinos, aunque la ley de Hacienda Pública establece que la administración sólo está obligada a liquidar las deudas de los últimos cinco años, ya que los anteriores a esa fecha han prescrito. Así que la Junta tendrá que pagar, como máximo, los trienios de 2005 a 2007. "La Junta tendrá que abonar a los interinos que lo reclamen en los juzgados, pero no tiene por qué hacerlo de oficio", advierte el abogado Miguel Aparicio, que representa a varios maestros.

El sindicato de interinos SADI ha sido el más reivindicativo con este asunto y tutela cientos de casos en los tribunales. CCOO acusó ayer a Educación de tener 2.000 recursos paralizados a espera del fallo del Supremo, pero éste ya no es excusa.

En 1999, la UE estableció el principio de "no discriminación" salarial entre interinos y funcionarios. España lo asumió ocho años después, al aprobar el Estatuto Básico, pero hasta ahora, y por orden judicial, no ha aceptado el carácter retroactivo del principio de igualdad europeo.

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