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La Junta retirará símbolos franquistas si los alcaldes no lo hacen en 3 meses

El Gobierno andaluz podrá actuar “de oficio” y destinará los objetos fascistas a un “fondo documental”

el 13 ene 2014 / 08:00 h.

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Málaga inauguró el sábado un panteón para más de 4.000 víctimas de la Dictadura Málaga inauguró el sábado un panteón para más de 4.000 víctimas de la Dictadura El Gobierno andaluz procederá a la “retirada subsidiaria” de símbolos franquistas en los municipios donde aún persistan si los ayuntamientos no lo hacen antes de tres meses. Así lo establece el capítulo tres del anteproyecto de ley para la Memoria Democrática, al que ha tenido acceso esta redacción, y que está a punto de entrar en Consejo de Gobierno para su inmediata aprobación. Andalucía  fijará por ley, por primera vez, un límite de tiempo cerrado para que los alcaldes que todavía no lo han hecho eliminen cualquier vestigio del franquismo presente en edificios públicos, en inmuebles sostenidos con fondos públicos, incluidos los que están en iglesias católicas o los nombres de fascistas en el nomenclátor andaluz. Los artículos 32, 33 y 34 del anteproyecto de ley de Memoria regulan desde “la retirada de elementos que exaltan la Dictadura franquista” o de carácter antidemocrático, hasta el “procedimiento” que las administraciones deben llevar a cabo para su eliminación y el posterior “destino” que tendrán dichos elementos arquitectónicos una vez retirados. El plazo que aparece en el borrador (límite que tienen los alcaldes para deshacerse de los iconos fascistas) es de tres meses como máximo, aunque podría variar al alza porque el texto de la ley aún está en fase de negociación entre los socios de Gobierno. PSOE e IU tienen previsto reunirse hoy (ya lo hicieron el mes pasado) para ultimar algunos aspectos de la ley, tanto de la exposición de motivos en el preámbulo como del articulado. Ambos están de acuerdo con la filosofía de fondo de estos artículos, pero algunas voces sugieren incluir un plazo más amplio para retirar los símbolos, de tres a seis meses, o de nueve meses a un año. El director general de Memoria Democrática, Luis Naranjo, sostiene que “lo importante es que la normativa recoja un plazo concreto, con independencia de cuál sea el tiempo, de lo contrario se incurrirá en el mismo vacío legal que existía hasta ahora, y que ha permitido a muchos alcaldes, la mayoría del PP, eludir la retirada de símbolos franquistas”. En caso de que los regidores se nieguen o respondan con silencio administrativo a la solicitud de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, responsable del área de Memoria Democrática, la Junta “incoará de oficio la retirada de los símbolos que exalten la Dictadura”, reza el artículo 33 del borrador. Además la ley impondrá sanciones a los ayuntamientos que incumplan dicha normativa, exponiéndose incluso a la pérdida de ayudas públicas por parte de la Administración. Es la primera vez que una normativa establece un plazo fijo y concreto para cumplir con un requisito que ya era obligatorio en la ley de Memoria Histórica, aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2007. Aquella norma, de rango estatal, obligaba explícitamente a las administraciones a retirar todos los símbolos del franquismo, pero no tuvo desarrollo reglamentario y no estableció ningún límite cronológico para cumplir con este mandato, en consecuencia muchos ayuntamientos, entidades públicas y otras administraciones aprovecharon ese vacío legal para obviar la ley. Como consecuencia, según estimaciones de la Junta, aún existen en Andalucía “varios centenares” de símbolos franquistas entre elementos arquitectónicos y nombres de calles. Pese a todo desde 2012 los ayuntamientos andaluces y la Junta han retirado más de un millar de estos iconos. Por último, el artículo 34 recoge que “los objetos y símbolos retirados pasarán a formar parte del fondo del Centro Documental del Instituto de la Memoria Democrática de Andalucía”, una institución que debe ser creada, como proyecto de ley, en seis meses desde la aprobación de la ley en Consejo de Gobierno.

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