El Gobierno andaluz tiene en marcha su propia investigación interna sobre la presunta trama de ERE fraudulentos financiados con fondos públicos. Según trascendió desde el Ejecutivo, en este momento Empleo está rastreando y cotejando datos de algunos de los expedientes más voluminosos (por montante económico y número de prejubilaciones) de los últimos tiempos sin que, hasta la fecha, hayan saltado las alarmas de más irregularidades. Los ERE de Delphi, Boliden, Astilleros, Santana, Cárnicas Molina o la Franja Pirítica de Huelva son algunos de los que están siendo analizados dentro de las ayudas concedidas de 2001 a 2009. El mensaje del Gobierno es claro: acudirán de nuevo a la justicia en los próximos días si hallan más indicios de falsas prejubilaciones. Hasta la fecha han comunicado un total de 39 casos irregulares, en un total de 12 expedientes.
El PP-A volvió ayer a lanzar insinuaciones sobre los ERE de la provincia de Cádiz, advirtió su secretario general Antonio Sanz, aunque no se quiso aventurar a poner ninguna empresa concreta en entredicho. El PP lleva días poniendo el acento en el hecho de que solamente dos empresas aseguradoras -Vitalia y Uniter, han sido registradas por orden judicial- hayan tramitado "centenares de expedientes".
El presidente de la Junta, José Antonio Griñán, se pronunció ayer por vez primera respecto a esta investigación después de que salpicara directamente a su Gobierno. Defendió que la Junta "ha ido colaborando en todo lo que pedía la instrucción de la causa de Mercasevilla, pero también en lo que no solicitaba y se consideraba que podía ser una actuación irregular". Sobre los nombres de supuestos falsos prejubilados, Griñán aseguró que "es bueno que no se especule ni se hable porque puede haber inocentes ya que puede que la trama urdida en torno a los expedientes utilice también nombres falsos para percibir recursos". Entre esos intrusos existen, al menos, cuatro exmilitantes socialistas y dos exaltos cargos. El presidente, que no ocultó que "existen irregularidades" y que se deben "depurar responsabilidades", defendió que "es difícil encontrar mayor colaboración que en esta comunidad".
El asunto trascendió ayer la comunidad y llegó al Congreso de los Diputados de la mano del PP. El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, exigió la "máxima transparencia" y reclamó "absoluto respeto a la independencia judicial". "Es bochornoso y dramático que mientras que el paro arrasa literalmente Andalucía, algunos, al calor de las instituciones, se enriquezcan con pensiones ilegales", denunció el diputado del PP Juan Manuel Moreno.
La portavoz popular, Soraya Sáenz de Santamaría, tildó de "repugnante" que el PSOE-A haya "hecho negocio con el empleo", mientras que el vicepresidente Alfredo Pérez Rubalcaba eludió responder.
El secretario regional de UGT, Manuel Pastrana informó de que si hay posibilidades legales actuarán contra el ex sindicalista Juan Lanzas -uno de los presuntos cabecillas de la trama-. "Aunque dejó de ser dirigente hace muchísimo tiempo, si estuvo vinculado a la dirección de una de las federaciones de UGT actuaremos", señaló Pastrana.
