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La Junta revisará los objetivos de VPO si el crédito sigue bloqueado

La Consejería de Vivienda admite por primera vez que trabajan con la hipótesis de que las cifras «no se cumplan»

el 12 dic 2009 / 19:10 h.

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Hace justo dos años, una macrofoto de familia puso el broche de oro a una ardua negociación entre la Junta, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, las entidades financieras, sindicatos y empresarios. Nacía el Pacto por la Vivienda, un ambicioso acuerdo sellado para satisfacer la enorme necesidad de casas a precio asequible, sobre todo para jóvenes, en un momento en el que comprar un piso de renta libre era casi prohibitivo. Las partes se comprometieron a poner toda la carne en el asador para poder cumplir con los objetivos marcados: construir en una década 700.000 viviendas, 300.000 de ellas protegidas.

Pero la crisis irrumpió de golpe y el bloqueo del crédito está empañando los propósitos que se fijaron en esa hoja de ruta. El primer instrumento normativo para desarrollar el Pacto, el Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012, también cierra ahora su segundo año de vigencia con luces y sombras. Luces porque la voluntad política para impulsar la VPO existe -aseguran las partes que negociaron el documento- y porque el principal obstáculo que arrastraba Andalucía para construir vivienda protegida, la escasez de suelo, ya no es un problema. Con las adaptaciones de los planeamientos a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) se ha conseguido terreno para 150.000 VPO. El elemento que impide avanzar al ritmo deseado es la falta de financiación, según admiten los firmantes del Pacto.

En este contexto, la Junta baraja ya la posibilidad de revisar sus objetivos en materia de vivienda protegida. El Pacto deja la puerta abierta a que transcurridos cinco años, en 2012, se puedan corregir siempre y cuando se haga en concertación y por unanimidad. Ese año expira el Plan Concertado, que de momento camina lastrado por el cierre del crédito. "2012 sería el momento oportuno para revisarlo. Hay que ver cómo evoluciona la crisis, pero contamos con la hipótesis de que los objetivos del plan no se cumplan. Si la financiación no fluye de manera adecuada habrá que replantear los objetivos". Así de claro se expresó el director general de Vivienda, Rafael Pavón, en declaraciones a este periódico.

Pero no todas las partes implicadas están de acuerdo con esta postura. Los sindicatos rechazan que se revisen los objetivos del Pacto. "Incumplirlos no sería un fracaso, pero no podemos ir reduciendo metas", sostiene Roberto Marín, secretario de Desarrollo Económico de UGT-A. "Los objetivos eran magníficos y hay que seguir manteniéndolos", añade Juan Pérez, secretario de Política Institucional y Empleo de CCOO-A. Los empresarios coinciden con la Junta. "Si no se cumplen, es sensato volverlos a poner sobre la mesa", opina Emilio Corbacho, secretario general de la patronal de los promotores (Fadeco).

En lo que sí están de acuerdo todas las partes es en que el Pacto por la Vivienda nació en el "momento oportuno", porque nunca antes había habido tantas dificultades de acceso a un piso. La cifra de casas que se deberán construir en una década no surge al azar, sino que es fruto de un minucioso informe del Instituto de Estudios Sociales Avanzados sobre las necesidades de viviendas en Andalucía. Los sindicatos y la patronal culpan abiertamente a los bancos de obstaculizar el desarrollo del acuerdo y del Plan Concertado. Hace dos años, las entidades financieras comprometieron 9.550 millones en créditos para VPO y en noviembre de 2008 la Junta revalidó en un convenio con 33 bancos y cajas ese compromiso. Pero el dinero sigue sin fluir con normalidad.

Sindicatos y promotores demandan a la Junta que apriete más a los bancos porque son los "grandes incumplidores", pero el director general de Vivienda avisa: "Si se hunde el mercado financiero, nos hundimos todos".

Ley de vivienda. El balance que hace la Junta de los dos años del Pacto es "positivo". Argumenta que la VPO va a buen ritmo porque en este tiempo se han calificado provisionalmente 30.000 viviendas protegidas, superando sus propias previsiones. Pero la calificación provisional es sólo el visto bueno que da la consejería a los proyectos de VPO y no todas las promociones que tienen los permisos se empiezan a construir. Ahí los promotores se topan con el no de los bancos. A la consejería le "preocupa" las casas protegidas que se quedan por el camino. De las calificadas en 2008 y 2009 sólo el 40% se han iniciado ya. El resto busca financiación o se la han denegado. "Las VPO iniciadas no son las que nos gustaría", admite Pavón.

El problema del bloqueo del crédito no es baladí, porque casi el 70% de la inversión del Plan Concertado reposa en el sector privado. Además, este obstáculo coincidirá con el estreno de la Ley de Vivienda -se aprobará a principios de 2010-, la norma que garantizará el derecho de acceso a un piso digno, exigible en los tribunales. Desde la consejería aseguran que no existen "varitas mágicas" para resolver esta situación. Defienden las dos últimas medidas de su departamento para desatascar el sector: la compra por parte de EPSA de las VPO que en alquiler con opción a compra, y la convocatoria para vender 70.000 viviendas libres en manos de promotores y bancos. Colocar ese stock es clave para reactivar la economía.

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