El Gobierno andaluz sanciona al banco malo por dificultar el acceso a sus VPO

La Consejería de Fomento (IU) impone por primera vez la multa más elevada (120.000 euros) a la Sareb por no hacer público su listado de pisos protegidos.

el 20 oct 2014 / 10:02 h.

La Ley andaluza de Función Pública de la Vivienda, conocida como ley antideshaucios, establece que todas las viviendas protegidas, sea quien sea su titular, deben estar a disposición de las familias que las necesitan a través de los registros municipales de demandantes. Éste es un artículo de la ley que sigue en vigor, que no fue afectado por el recurso que el Gobierno central presentó ante el Tribunal Constitucional, y que logró paralizar los aspectos más significativos de la norma: las sanciones a los bancos que tuvieran pisos vacíos durante más de seis meses, y la posibilidad de expropiar viviendas a las entidades financieras antes de que desahuciaran a familias en riesgo. En virtud de este artículo de la ley antidesahucios, el Gobierno andaluz ha impuesto una multa de 120.000 euros –la más elevada que contempla la norma– a la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), el llamado banco malo, por «obstruir» el acceso de los ciudadanos a viviendas protegidas. Es la primera sanción en firme que la Consejería de Fomento y Vivienda impone a un banco. Hasta ahora, el departamento de Elena Cortés (IU) había abierto un expediente sancionador contra la Sareb por haber ocultado 98 viviendas de protección oficial, exponiéndose a una sanción de 11,7 millones de euros (las sanciones administrativas pueden tardar más de un año en ejecutarse desde la apertura del expediente). La multa al banco malo que se anunció ayer es por haber entregado la información sobre las VPO fuera de plazo, a pesar de que la consejería había ampliado el tiempo de respuesta. Fuentes de la Sareb confirmaron ayer que recurrirán la sanción, admitieron un «retraso» en la entrega de datos, pero alegaron que el listado de viviendas se proporcionó «cuando los datos eran fiables». Cortés ha impuesto la sanción máxima prevista para una infracción catalogada como «muy grave», y que penaliza «la obstaculización del ejercicio de la potestad de inspección» de la administración autonómica. La Junta atribuye al banco malo el agravante de intencionalidad, pues éste conocía de la obligación legal de aportar su inventario de viviendas protegidas. Las alegaciones presentadas por la Sareb en la resolución de la sanción impuesta han sido desestimadas, explicó ayer la Consejería de Fomento. Pulso político. El Gobierno andaluz aprobó el decreto antidesahucios el 9 de abril de 2013, que entró en vigor el 13 del mismo mes. A partir de ese día, la norma daba un mes de plazo a las entidades bancarias para comunicar a la Junta cuántas VPO tenían en propiedad, con objeto de ponerlas a disposición de las familias en los registros municipales de demandantes. Una veintena de entidades financieras respondió en plazo, entregando su balance de pisos protegidos. La Sareb no lo hizo. El 18 de diciembre de 2013, el Gobierno de Mariano Rajoy presentó un recurso de inconstitucional que logró paralizar cautelarmente el decreto antidesahucios. Hasta entonces, la norma había permitido iniciar 35 expropiaciones a bancos que estaban a punto de desalojar a familias en riesgo de exclusión por impagos. El Ejecutivo central argumentó en su recurso que la norma andaluza ponía en riesgo el rescate financiero, y para ilustrarlo, adjuntó un informe del banco malo, donde se especificaba que «en torno al 12% de la cartera de la Sareb se encuentra radicado en territorio andaluz», un total de 6.379 viviendas. En el desglose aparecían que 4.473 eran vivienda libre de primera residencia, 995 de segunda residencia y 911 de vivienda protegida. Al conocer este último dato, Fomento abrió un expediente sancionador contra el banco malo por no haber ofrecido el inventario de las 911 VPO, y por no haber inscritos dichas viviendas en los registros de demandantes. La Sareb se exponía a una multa de 109,44 millones. Sin embargo, cuando el Gobierno central tuvo que informar en el Congreso sobre las viviendas en propiedad del banco malo (mayo de 2014), ofreció un número de VPO muy inferior a esos 911 viviendas, en total 96 (aunque la cifra final quedó en 98). Por haber ocultado esta cifra, y en un segundo procedimiento sancionador, la multa prevista contra el banco malo se redujo a los 11,7 millones de euros, en el caso de que no hayan sido puestas a disposición de los registros de demandantes.

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