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La Junta sanea sus cuentas en 2014 y lo usa como aval contra los recortes de Rajoy

Andalucía cumple con el objetivo de déficit por segundo año consecutivo gracias a la venta de inmuebles, el control de las empresas públicas y la inyección de crédito del Estado español

el 05 feb 2015 / 14:05 h.

susana-granada Andalucía cerró el ejercicio 2014 con un déficit inferior al 1% del PIB, el límite impuesto por el Gobierno central y por Bruselas a las comunidades autónomas. Es decir, que una región gobernada por dos partidos de izquierdas (PSOE-IU) ha cumplido por segundo año consecutivo con el objetivo del tope de gasto público fijado por un Gobierno conservador del PP. En el cumplimiento del déficit han sido claves, según ha explicado hoy la consejera de Hacienda, María Jesús Montero, “la operación de venta de inmuebles, el mejor control y seguimiento de las empresas públicas y la lucha contra el fraude fiscal”. “Andalucía vuelve a demostrar que es una comunidad creíble y cumplidora con sus compromisos económicos y financieros, pese a que no compartimos el reparto del déficit ni los plazos establecidos”, subraya Montero. Desde que comenzó la crisis, el Gobierno andaluz viene denunciando que el reparto del objetivo de reducir el déficit público entre el Ejecutivo central y las comunidades autónomas es injusto, porque las regiones, que financian el 75% del Estado de Bienestar (sanidad, educación y políticas sociales) carga con cinco veces más déficit que el Gobierno. Es decir que sus obligaciones de ahorro en el gasto público (llámese recortes) son mayores, pero sus obligaciones de gasto público también lo son, en tanto en cuanto los servicios esenciales dependen directamente de las comunidades. Para financiarse, Andalucía ha tenido que recurrir, igual que otras regiones, al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y al plan de pago a proveedores, unos préstamos que el Gobierno central ha otorgado a las comunidades y que éstas tendrán que devolver (en teoría) a interés cero. El cumplimiento del déficit es una obligación macroeconómica que permite saber si un gobierno regional ha sido capaz de contener su elevado endeudamiento, ahorrar en gasto y acceder a financiación privada, además de las inyecciones de capital que ha aportado el Gobierno central. Políticamente el saneamiento de las cuentas públicas otorga credibilidad a un Ejecutivo de cara a inversores privados y a los mercados financieros. Para la Junta, además, haber cumplido con el déficit impuesto por segundo año consecutivo le permite legitimarse en su manera de gobernar que es, dicen, la antítesis de lo que viene haciendo el Ejecutivo de Mariano Rajoy. El discurso de la presidenta Susana Díaz es que Andalucía no ha acometido los recortes sociales que sí han hecho otras comunidades, que se ha preservado la dependencia, la sanidad y la educación, y que no se han privatizado ni hospitales ni escuelas. Los datos aportados esta mañana serán esgrimidos durante la campaña electoral por los socialistas andaluces para explicar que en esta región “hay alternativa” a las políticas de austeridad extrema que desarrolla el Gobierno central y las comunidades del PP. “Se ha cumplido con las exigencias del Gobierno de España y de la Comisión Europea, pero al mismo tiempo hemos cumplido nuestro compromiso con los ciudadanos. Se ha preservado la prestación de los servicios públicos, como la sanidad, la educación y los servicios sociales, y se ha iniciado la recuperación de los derechos perdidos durante la crisis”, dice Montero. El Gobierno andaluz apuesta por “una pendiente más suave para afrontar la consolidación fiscal que hubiera traído menos sacrificios y más capacidad de estímulo económico que se habría traducido en más creación de empleo”, advierte la consejera. La Junta no renuncia a negociar un déficit superior al del 0,7% establecido para 2015 y ha insistido en que “exigirᔠal Gobierno de España que flexibilice ese objetivo. “Andalucía cumplió el déficit en 2013, cumple el déficit en 2014, tiene una deuda por debajo de la media de comunidades autónomas (19,4% del PIB frente a un 22% de media) y un periodo medio de pago a proveedores 11 días inferior al de la media de comunidades”, resume Montero.

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