El Gobierno andaluz, representado por su gabinete jurídico, acude hoy a una citación de la jueza Mercedes Alaya para formalizar su negativa a entregar las actas "secretas" de deliberación del Consejo de Gobierno de los últimos diez años, como le ha pedido la magistrada. La Junta tiene que explicar los argumentos jurídicos del requerimiento de inhibición, es decir, los motivos por los que le niega a la jueza la información que ha pedido para continuar su investigación de las falsas prejubilaciones pagadas con fondos públicos. Cuando lo haga, la línea de diálogo entre el Ejecutivo andaluz y la magistrada se habrá roto, y previsiblemente entrará en escena el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, dependiente del Supremo, para decidir si Alaya se ha extralimitado al exigir documentación de contenido político, o si la Junta está ocultando datos relevantes para la investigación.
Llegados a este punto es más difícil ahora que hace siete días mantener que la "jueza y la Junta están en el mismo barco", como dijo la consejera de Presidencia, Mar Moreno, la semana pasada. La tensión se ha hecho indisimulada desde que Alaya, en su último auto, acusó a la Junta de obstaculizar la investigación en el llamado escándalo de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos. La oposición, PP e IU, ha aprovechado el fin de semana para hurgar en la herida. El coordinador de IU, Diego Valderas, señaló el Consejo de Gobierno como "el lugar del delito", y el líder de los populares, Javier Arenas, reprochó a Griñán que hiciera "trampas a la jueza". Ambos son partidarios de que la Junta entregue todas las actas.
Hasta ayer el PSOE no habló. Consciente del frágil y estrecho margen que tiene para cuestionar a la jueza, la secretaria de Organización Susana Díaz respaldó la negativa de la Junta a entregar sus actas. "Está colaborando con la Justicia desde el primer momento. Hemos puesto toda la información a disposición de la juez y lo seguiremos haciendo. La Junta seguirá colaborando con la Justicia pero va a pedir que se cumplan todos los principios de legalidad. Y a partir de ahí será la Justicia la que determine", afirmó la número dos de los socialistas, quien expresó su "sorpresa" por que "cada vez que la juez pide más información, el PP la manipula" y arremetió contra la "actitud de pirómanos de la derecha mala y dañina" de Javier Arenas y Juan Ignacio Zoido.
La posibilidad de un entendimiento entre las partes que enfríe la tensión y evite elevar el asunto al Supremo es muy corta. La Junta podría ofrecer las actas del Consejo de Gobierno donde se aprobó el procedimiento (cuestionado por la Intervención de Hacienda) para conceder las ayudas a empresas en crisis a través del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), donde se detectaron los supuestos fraudes. O las actas con ampliaciones del Presupuesto para el fondo de ayudas. Pero es improbable, porque ante la oferta de la Junta de "acotar" la documentación que más tiene que ver con los ERE, la jueza volvió a responder que quería ver todas las actas. Hasta ahora, la Junta ha entregado el balance de su propia investigación interna: 72 falsos perjudicados y 11 anomalías administrativas, además de 150.000 folios de documentación.
La investigación del caso puede dar además un nuevo giro especialmente delicado para los socialistas, tras la declaración ante la Policía Judicial de un directivo de Vitalia que apunta directamente al diputado autonómico y secretario general de una agrupación socialista de Sevilla, Ramón Díaz, quien trabajó como asesor de la Consejería de Empleo. El alto cargo de la aseguradora, según El País, afirmó que Díaz intervino en la inclusión de dos intrusos, dos sindicalistas de UGT -sindicato al que perteneció Díaz- en el ERE de la empresa Saldauto e incluso actuó como su portavoz en la negociación. Ramón Díaz prepara ya "una querella por difamación".
La número dos del PSOE-A defendió la presunción de inocencia del diputado y rechazó cualquier medida contra él: "Ya ha dejado claro que no está implicado en ninguna irregularidad. Los socialistas implicados han sido expulsados. Pero es distinto si alguien se autoinculpa -como Guerrero- a otros casos en los que debe imperar la presunción de inocencia.
Alfonso Guerra: «Es brutal la diferencia con el Gürtel»
“Es chocante que algunos como el PP den la tabarra con este tema, porque a alguno se le debe caer la cara de vergüenza. Es brutal la diferencia entre lo que ocurre con los ERE y otros casos como Gürtel. Darle el mismo trato es de sinvergüenza”. Con esta contundencia defendió al exvicepresidente del Gobierno y diputado por Sevilla Alfonso Guerra la actuación de la Junta en la investigación por los fraudes en los planes de prejubilación de los Expedientes de Regulación de Empleo. Guerra, quien encabezó un acto en Sevilla junto a la secretaria de Organización del PSOE-A, Susana Díaz, subrayó las diferencias “entre dirigentes de administraciones que se quedan con dinero público –en referencia al Gürtel— y los que denuncian que algunos han usado dinero público para personas que no son las autoridades –en alusión ante la situación del caso de los ERE–. Eso sí, Alfonso Guerra, todo un referente para el PSOE-A sí admitió los efectos que puede tener la investigación judicial en el del partido y especialmente en las próximas elecciones: “Beneficioso no es, pero la gente debe entender la diferencia”. La presencia de Guerra, en un acto de apoyo al candidato de Sevilla, Juan Espadas, fue aprovechada por Díaz para criticar al PP: “No permitiremos que manchen el nombre del partido de Guerra y Felipe González”.
