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La Junta se hace cargo de la gestión del depósito judicial tras el cierre de Alcalá

El barrio sevillano de Bellavista acogerá el primer depósito judicial público de Andalucía que permitirá sellar la polémica, lo que la Junta de Andalucía arrastra desde finales de 2009, cuando se anunció el cierre, por impago por parte de la administración, del existente en Alcalá de Guadaíra, que prestaba servicio al área metropolitana.

el 14 jun 2010 / 19:05 h.

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Estado del depósito judicial de Alcalá de Guadaíra en septiembre de 2009.
La Consejería de Justicia tiene previsto abrir este mismo mes estas instalaciones, que estarán ubicadas en unos terrenos anexos al denominado Silo de Bellavista y ocuparán 10.000 metros cuadrados.


La gestión de este depósito judicial, situado en terrenos de titularidad pública, "supondrá un importante ahorro", ya que no estará en manos de una empresa, como ocurría hasta ahora, según informó ayer la Junta de Andalucía en un comunicado. Tendrá un coste fijo y conocido de antemano para cubrir el servicio con independencia del número de efectos depositados en las instalaciones.

La Junta de Andalucía, encargada del coste de los depósitos judiciales que albergan las piezas intervenidas en procedimientos en los tribunales -caso de embargos de vehículos, motocicletas o barcos- gestionará directamente así las entradas, las salidas y el periodo de estancia de los vehículos. Este sistema "contribuirá a la autofinanciación del servicio con el cobro de los gastos en los casos en que correspondan a los titulares de los bienes". Es decir, cuando el dueño de una pieza intervenida sea condenado en costas en el proceso judicial abierto, éste tendrá que hacer frente a los gastos que haya generado el almacenaje de su vehículo. Igualmente, en el supuesto en el que los bienes se vendan, los beneficios también redundarán en la financiación de este servicio.

Justicia precisó que se trata de una experiencia piloto, que además del almacenaje de las piezas intervenidas prevé contar con servicio de grúa para que el traslado al depósito judicial también sea gestionado por la administración, lo que redundará asimismo en el "ahorro".

Del mismo modo, está previsto inventariar periódicamente los efectos que se encuentren en el depósito judicial con el objetivo de llevar un control exhaustivo de las piezas intervenidas y, de esta manera, tratar de evitar que los gastos de custodia puedan superar el valor de los bienes depositados en estas instalaciones.

Tras este anuncio se esconde una estrategia de la Junta de Andalucía para contar con un espacio seguro para poder albergar los vehículos y demás pruebas de los procesos judiciales. Pero también está la búsqueda de una nueva fórmula que evite el fiasco que se produjo el año pasado con la empresa Lorenzana, situada en el polígono Fridex de Alcalá de Guadaíra y la encargada del único depósito judicial de vehículos de Sevilla y su área metropolitana. La empresa despidió a sus trabajadores y cerró las instalaciones a finales del pasado verano, tras denunciar en contadas ocasiones los "impagos". Es más, a día de hoy continúa cerrada y su propietario, Benito Lorenzana, a la espera de cobrar lo que se le debe, como él mismo ratificó ayer, al tiempo que apuntó que sólo quiere "liquidar ya". La deuda ronda el millón de euros, una losa que le impidió no sólo abonar el pago de las nóminas de sus trabajadores, sino también costar el mantenimiento de la maquinaria. De momento, sigue cerrado y no recibe mercancía, si bien sale lo que los jueces van ordenando.

Este depósito judicial que se inauguró hace casi tres años y que cuenta con una superficie de 15.000 metros cuadrados, alberga todavía un millar de vehículos, entre los que no sólo hay turismos, sino también motocicletas, barcas, lanchas y otras pruebas claves para otros procesos judiciales pendientes de resolver. Esta opción -la de recurrir a una empresa como Lorenzana- se adoptó ante la falta de un espacio adecuado para dejar estos vehículos, ya que anteriormente eran guardados en dependencias policiales o en el parque de Los Príncipes de la capital hispalense. Sin embargo, estas alternativas no garantizaban la seguridad de unos vehículos considerados pruebas.

El sistema público es, por lo tanto, la última opción para matar dos pájaros de un tiro: supone un ahorro en los costes, según los cálculos de Justicia, y se garantizará un lugar en el que alojar los vehículos y el resto de pruebas sin sufrir inconvenientes como es el caso de un cierre.

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