La Junta de Andalucía quiere volver a personarse en el caso de de la joven de Rute (Córdoba) tiroteada por su ex novio hace tres años y que murió el pasado domingo por las secuelas de las heridas que sufrió. La familia de la joven ha pedido que se considere al Gobierno andaluz responsable civil subsidiario, ya que la chica estaba bajo su tutela cuando fue asesinada.
Según anunció ayer en un comunicado la delegada del Gobierno andaluz en Córdoba, Isabel Ambrosio, la administración autonómica, "que ha estado personada en el caso de la joven Carmen Romero (la víctima), seguirá manteniendo su presencia jurídica en el mismo".
Ambrosio aclaró que la Junta se personó en este caso inmediatamente después de que se produjeron los hechos, el 12 de septiembre de 2006, momento en el que la joven era menor de edad (tenía 16 años) y se encontraba tutelada por la Junta en un centro de protección de menores en Rute, a cuyas puertas fue tiroteada con una escopeta por su ex novio, Manuel García, ahora de 26 años.
Al alcanzar la mayoría de edad, según reconoció la Junta, la presencia de la administración autonómica en el procedimiento "se interrumpió temporalmente, a petición expresa de la familia de la joven". Ahora, al fallecer Carmen Romero, "la Junta se persona nuevamente en este caso, por tratarse de un caso de violencia de género con resultado de muerte, a través de su gabinete jurídico, a instancias de la Consejería para la Igualdad".
El anuncio de la Junta de que quiere volver a personarse en el caso se produce cuando se ha conocido que la acusación particular ha pedido en su calificación que se considere a la administración autonómica responsable civil subsidiaria en este caso.
La hasta abogada de la joven, Carmen Santiago, ya explicó que, al margen de mantener la acusación contra el ex novio por asesinato, también mantendrá en su nueva calificación la petición de que se considere "responsable civil subsidiaria a la Junta, por un incumplimiento grave de su responsabilidad en la tutela y guarda" de la entonces menor.
Entiende que la Junta es responsable puesto que "el personal del centro de protección de menores -donde estaba acogida la entonces menor- no actuó con la debida diligencia" para evitar la acción del presunto asesino.
