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La Junta se querellará contra quien "calumnie" a Griñán

La jueza avisa al exdirector de Trabajo, Javier Guerrero, de que será imputado en próximos días en la trama de ayudas fraudulentas con cargo a la Consejería de Empleo.

el 08 mar 2011 / 21:04 h.

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La consejera de la Presidencia, Mar Moreno, ayer durante la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno.

El Gobierno andaluz anunció ayer que emprenderá acciones legales contra quien acuse al presidente José Antonio Griñán de haber conocido y tapado el fraude de las ayudas a Empleo. La consejera de la Presidencia, Mar Moreno, insistió en que esas son "palabras mayores, muy fuertes" y que quien lo diga "estará calumniando". "Actuaremos en consecuencia", añadió. Fue la reacción firme del Ejecutivo andaluz después de que durante los últimos días el PP haya apuntado que Griñán, como consejero de Economía, tapó la trama y supo de los informes de la Intervención General de Hacienda en contra del procedimiento bajo el que se estaban dando estas ayudas.

Ayer el presidente del PP-A, Javier Arenas, pidió a Griñán, que dé explicaciones sobre las irregularidades en los Expedientes de Regulación de Empleo porque, en su opinión, él "supo, tapó y siguió autorizando lo que pasaba". "¿Por qué no hizo nada cuando la Intervención de Hacienda le dice que estos procedimientos no son correctos?", preguntó.

La investigación judicial abierta está analizando las ayudas públicas concedidas los últimos diez años para prejubilaciones y empresas en crisis a través de un fondo que, en 2001, salió del circuito oficial y se articuló a través del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA). Contra esta fórmula, la Intervención General de Hacienda -el órgano superior de control interno de la gestión económica de la Junta y sus entidades instrumentales- emitió hasta tres informes, en 2005, 2006 y 2007, discrepando del procedimiento. La advertencia cayó en saco roto.

Los servicios jurídicos de Empleo rebatieron esos argumentos y las ayudas se siguieron repartiendo a través del ente público. Hacienda remitió copia de estos informes al director general (Javier Guerrero), al viceconsejero (Agustín Barberá) y al consejero (Antonio Fernández). Según informó la Junta, la Intervención realizó además una auditoría interna de las ayudas eligiendo de forma aleatoria algunos expedientes, sin que aflorara ninguna irregularidad.

En este punto insistió ayer la consejera de la Presidencia, que remachó que la Intervención se centró en "lo inadecuado" del procedimiento y pidió cambios a Empleo. "Pero por muchas discrepancias que hubiera, no hay ni un solo informe ni una sola auditoría que detectara fraude", alegó.

Solo si la Intervención -un cuerpo de funcionarios de prestigio dentro de la administración- hubiera visto alguna irregularidad debería haber advertido al consejero de Hacienda, lo que -asegura la Junta- no ocurrió. "Ya es duro un asunto tan zafio como éste", admitió Moreno, quien advirtió de que no iba a permitir que el PP "dé la vuelta a la tortilla" y hable "de un caso general de corrupción".

La Junta insistió en salvar a los consejeros y circunscribir las responsabilidades políticas al exdirector general de Empleo, Javier Guerrero, a quien culpa en exclusiva de haber colado intrusos (hay hasta 73 irregularidades) en los ERE. Uno de esos falsos prejubilados fue su suegra. Otros, militantes socialistas de su entorno, el área de la Sierra Norte de Sevilla.

Precisamente, según adelantó ayer la SER, la jueza que instruye el caso, Mercedes Alaya, ha remitido una nota a Guerrero advirtiéndole de su próxima imputación en la causa. En breve será llamado a declarar en calidad de imputado.

Sobre la petición de la jueza al Gobierno -solicitando copia compulsada de todos los expedientes de regulación de empleo, más allá de la comunicación de las irregularidades detectadas-, la consejera de Presidencia aseguró que debe haber "un desfase" puesto que el pasado viernes Empleo entregó toda la documentación.

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