Esta fórmula -conocida con la expresión inglesa sale & lease back y utilizada por diversos gobiernos en Europa- permitirá a la Junta mejorar la gestión y explotación de sus edificios administrativos, así como una mayor racionalización del gasto público, según informó ayer la portavoz del Ejecutivo, Mar Moreno, tras la reunión del Consejo andaluz de Gobierno.
Los inmuebles, entre los que se incluyen sedes de distintas consejerías, delegaciones y organismos de la Junta, suman alrededor de 400.000 metros cuadrados de superficie construida y se sitúan en todas las capitales de provincia con la siguiente distribución: 5 en Almería, 6 en Cádiz, 6 en Córdoba, 7 en Granada, 7 en Huelva, 5 en Jaén, 4 en Málaga y los citados 31 en Sevilla.
La relación se completa con cuatro inmuebles más en Jerez de la Frontera (Cádiz), Marbella (Málaga) y Camas y San Juan de Aznalfarache (Sevilla).
En la relación de inmuebles localizados en Sevilla que se someterán a esta operación se encuentran, por ejemplo, las sedes principales de las consejerías de Gobernación (Plaza Nueva, 4-5), Igualdad y Empleo, ambas en la avenida de Hytasa, amén de sedes de delegaciones provinciales, caso de la de Obras Públicas en la plaza de San Andrés, y varios edificios de la Consejería de Cultura, en la calle Levíes.
Las entidades instrumentales encargadas de la operación serán la Sociedad de Gestión, Financiación e Inversión Patrimonial y la Empresa Pública de Gestión de Activos.
La consejera no descartó recurrir en un futuro a la enajenación de más inmuebles mediante la citada fórmula de venta con alquiler con retorno. De momento, según precisó, es el primer paquete con el que va a operar la Junta de Andalucía y si, evidentemente, no es necesario en un futuro, no se hará con más patrimonio y, si fuera necesario, se puede hacer con más. Indicó que lo que hace la Junta es lo que está haciendo cualquier empresa o cualquier familia, "optimizar con su patrimonio la obtención de recursos y en la medida en que sean necesarios, se puede ampliar, y en la medida en que se obtengan ingresos o la situación presupuestaria mejore en un futuro, no se utilizará más".
Este tipo de operaciones son de bastante uso en Europa y ya se llevan a cabo en países como Austria y Alemania, aunque no era frecuente que se hiciera en España con una administración pública. En realidad es un atajo para incrementar el endeudamiento a través del sector público, aunque Hacienda mantiene que no incumple el compromiso de contención del déficit.
Según defendió la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, el proceso de venta de inmuebles a empresas públicas y posterior alquiler al Gobierno andaluz no cambiará para nada ni la titularidad de los edificios, que siguen estando en manos de la Junta, ni cambia la prestación de servicios a los andaluces ni cambia la situación del personal de la Junta.
Martínez Aguayo se felicitó por la capacidad del Gobierno de innovar en tiempos de crisis. "Andalucía no se vende y la gente debe estar orgullosa de tener un patrimonio que es capaz de ponerse en valor sin que lo pierda la Junta y generando recursos en un momento tan importante de crisis donde hay que contar con recursos para cumplir el conjunto de objetivos del presupuesto".
La razón de esas enajenaciones no es otra que conseguir liquidez en las maltrechas arcas andaluzas. Estos 75 edificios administrativos forman parte del lote de 90 edificios que la Junta de Andalucía anunció hace semanas que vendería para obtener en este ejercicio unos 951,7 millones de euros.
