El último auto de la jueza Mercedes Alaya, que investiga una supuesta trama fraudulenta tejida con ayudas públicas al desempleo -conocido como el caso de los ERE (Expedientes de Regulación de Empleo)-, será recurrido por la Junta por apuntar "en un error de bulto" hacia el presidente de la Junta, José Antonio Griñán. El PSOE anunció que estudia una demanda contra el presidente del PP andaluz, Javier Arenas, por daño al honor de Griñán, y al expresidente Manuel Chaves.
El auto de la polémica, de 51 folios, se difundió el martes, se redactó el 10 de noviembre y recogía una serie de diligencias, solicitadas en junio por el Partido Popular. Hace cinco meses. Haciéndose eco de esas peticiones del PP, la jueza Alaya -por tercera vez en uno de sus escritos-, en plena campaña electoral y a pocos días de unas elecciones generales, se dirige a la Junta para preguntar por el papel del entonces consejero de Economía, hoy presidente de la Junta, José Antonio Griñán -explicita-, al autorizar una operación de endeudamiento de la Agencia IDEA y una serie de subvenciones. Ahí según la Junta y el PSOE-A está el "error".
La magistrada da a entender que va a investigar la firma de Griñán en determinadas ayudas, como viene reiteradamente pidiendo el PP, que tiene en el presidente andaluz puesta su mira. Pero tal firma ni existe, aseguró la Junta, ni es preceptiva ni la obliga la ley, subrayaron.
De momento nadie barajó públicamente la posibilidad de recusar a la magistrada por la instrucción de esta causa. En privado fuentes del caso aclararon que solo cabe la recusación por parte de los imputados y la Junta está personada en la causa como parte damnificada. Pero sí elevaron el tono de las críticas a la magistrada, tanto desde el Gobierno como desde el partido, en una ofensiva coordinada en defensa de Griñán, que -según fuentes del Ejecutivo-, está muy molesto con el último escrito de la magistrada.
La Junta eludió hablar de "intencionalidad política" por parte de la magistrada, a la que pidió "mesura" y "cautela", pero fue clara: "Con voluntad o sin voluntad, errores de este tipo conducen a que el PP consiga sus objetivos políticos". La Junta pidió a Alaya que reflexione sobre el impacto público de sus autos y el "daño político" que está haciendo al PSOE su instrucción.
"Debería ser más cuidadosa". Anunció que recurrirá ese punto del auto por contener "un error de bulto", ya que -haciéndose eco de la petición del PP y entrando en esa "ceremonia de la confusión" que achacan al partido de la oposición- vincula la firma de Griñán a una serie de ayudas a empresas cuya concesión está bajo sospecha.
"Griñán jamás firmó ni tuvo que autorizar ninguna de las subvenciones que están siendo objeto de investigación", puntualizó la consejera de la Presidencia y portavoz, Mar Moreno.Según aclaró la Junta, la ley da carta libre a la empresa pública IDEA -según sus estatutos- para que sea el Consejo Rector de esta empresa pública el que autorice directamente ayudas cuya cuantía -como es este caso- no supere los 1,2 millones de euros. Si es superior, debe ser aprobada por el Consejo de Gobierno. Sí exige la Ley de Hacienda Pública que sea el consejero de Economía quien autorice operaciones de endeudamiento de las empresas públicas. "Una cosa es autorizar una operación de endeudamiento y otra firmar ayudas", dijo Moreno.
La secretaria de Organización del PSOE-A, Susana Díaz, aseguró que el PP "ha invocado un artículo inexistente de la ley", según el cual el consejero de Hacienda era quien debía autorizar las ayudas públicas superiores a 1,2 millones de euros. En su último auto Alaya acepta investigar en esa dirección pero "para nada existe ese artículo". "El PP ha hecho un uso torticero y falso de la ley, y el juzgado debería haber subsanado ese error. No hay ningún fundamento jurídico en la petición que hace el PP a la jueza", dijo la número dos del partido.
Díaz elevó el tono de sus críticas contra Alaya, a quien recordó que a un juez y a un fiscal se le presuponen conocimientos jurídicos suficientes como para no dar pábulo a acusaciones infundadas o a requerimientos como los del PP. "Nos sorprende esta rutina de autos en la campaña para las generales, que ya se usó justo antes de las municipales", insistió Díaz.
Es la segunda vez que la Junta acude a los tribunales contra un auto de la jueza. En esta ocasión recurrirá ante Alaya, lo que de manera automática significa también presentar un recurso de apelación a la Audiencia Provincial de Sevilla, que deberá dirimir en el caso de que la jueza no atienda la petición de la Junta de que modifique este punto, informaron fuentes del Gobierno.
El recurso es perentorio y se formalizará hoy, dijeron. La primera vez que la Junta discrepó con la magistrada fue a causa de las actas del Consejo de Gobierno, que Alaya solicitó de forma indiscriminada y por toda una década.
El Supremo autorizó a la magistrada a acceder a sus contenidos, si bien también reprochó a la magistrada que jugara con los tiempos y mantuviera paralizado el recurso al Supremo por unos meses, coincidiendo en aquella ocasión con las elecciones municipales.El Gobierno andaluz manifestó su "disconformidad y malestar" con este último auto, que al margen de Griñán pregunta directamente al hoy alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, y al secretario general del PP-A, Antonio Sanz, por el Expediente de Regulación de Empleo que afectó a la Faja Pirítica de Huelva, firmado en 2002 bajo un Gobierno nacional del PP. Los aludidos indicaron que se trata de un error porque debería dirigirse al Ejecutivo.
Además la magistrada pide información sobre las ayudas concedidas a la empresa Matsa, en la que trabajaba como apoderada una hija de Chaves. Este asunto fue llevado por el PP a los tribunales y archivado tanto por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía como por el Supremo. Díaz expresó su estupor por el requerimiento sobre Matsa -"que no tiene nada que ver"- como por la petición de información al PP ya que no tiene sentido confundir partido y Gobierno.
