Andalucía seguirá adelante con su convocatoria pública de 2.389 plazas para profesores de Secundaria. Lo hará en contra del Gobierno de la Nación y pese a la advertencia del ministro de Educación de que cabe un recurso del Ministerio de Hacienda que tumbaría esta oferta de empleo público. El consejero de Educación de la Junta, Francisco Alvarez de la Chica, defendió ayer la convocatoria andaluza y aseguró que el ministro del ramo, José Ignacio Wert, le había indicado que el posible recurso de la Administración central sobre este asunto compete al Ministerio de Hacienda.
Tras participar en la Conferencia Sectorial de Educación en Madrid, la primera que se ha celebrado con el nuevo Gobierno, De la Chica señaló que durante la reunión expuso las razones que tiene para "decidir cómo quiere Andalucía su educación pública" y que, además, son "las mismas" que dio al anterior Gobierno socialista y que "tampoco facilitó la convocatoria", aunque finalmente se llegó a un acuerdo.
País Vasco también ha convocado 556 plazas y anunció igualmente que seguirá adelante. Mientras que Madrid y Canarias, que aún no han convocado, tampoco renuncian a hacerlo. El Gobierno pidió aplazar las oposiciones a 2013 escudándose en una solicitud de la mayoría de las comunidades del PP, que temen el "efecto llamada" que podría darse si unas regiones convocan y otras no.
Los argumentos que la Junta pone sobre la mesa para seguir adelante con su oferta pasan por el crecimiento de sistema, la estabilidad de la función pública para conseguir que el año próximo el 90% del profesorado sea definitivo en su destino, el crecimiento de los alumnos o el alto porcentaje de educación pública sobre concertada. En Andalucía la convocatoria de oposiciones está públicada oficialmente en el BOJA desde el 9 de enero y miles de aspirantes han comenzado ya a registrarse para el examen. Además la Junta cuenta con el apoyo de todos los sindicatos de educación, que apoyan sin fisuras lo que consideran un esfuerzo para preservar la plantilla.
El Gobierno de Rajoy ha restringido aún más los límites impuestos por el anterior Ejecutivo para la convocatoria de plazas públicas. De cada diez profesores jubilados, las comunidades -con las tasas de reposición vigentes- solo podrían sustituir a uno.
El responsable andaluz de Educación recordó, además, la legislación que permite el cómputo de las plazas convocadas. Defendió que, "cogiendo dos terceras partes del Estatuto Básico de la Función Pública y una tercera parte de las jubilaciones -la denominada tasa de reposición-, da como resultado la oferta pública, en los mismos términos que hicimos año pasado".
Con la convocatoria hecha y un ofrecimiento de diálogo al Gobierno, De la Chica confirmó el mantenimiento del número de plazas. Sin embargo, no pudo trasladar si el Ejecutivo recurrirá la postura andaluza porque, según explicaron a Europa Press fuentes de la Consejería, Wert subrayó ayer que es competencia del departamento que dirige Cristóbal Montoro presentar, en su caso, ese recurso.
El consejero andaluz se refirió a la reforma prevista por el Ejecutivo para ampliar el Bachillerato y pidió al Ministerio que concrete su propuesta para que Andalucía pueda conocer el impacto económico que la medida tendrá en profesorado e infraestructuras.
Los sindicatos de enseñanza CSIF, ANPE y STES-i exigieron ayer que se convoque la oferta pública para profesorado en todas las comunidades y aseguraron que contratar personal interino es "más caro" y tiene "graves" consecuencias para el sistema.
