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La Junta sigue adeudando ayudas de 2008 del plan de fomento del alquiler

El Defensor del Pueblo en su informe de 2013 recoge quejas de propietarios de pisos y de inquilinos

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MALAGAEl Programa de Ayudas al Alquiler a la Vivienda que el Gobierno Andaluz aprobó en 2005, en pleno boom inmobiliario, sigue arrastrando deudas de 2008. Así lo recoge el Defensor del Pueblo Andaluz en su informe de 2013. En él sólo se hace referencia a los inquilinos y a los propietarios que alquilaron sus pisos, pero las inmobiliarias que se homologaron para hacer de intermediarias –agencias de fomento del alquiler (AFAS)– también denuncian la morosidad de la Consejería Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía. Recuerdan que en febrero de 2011 se movilizaron para que la Administración abonase lo que les debía. Entonces se les prometió que les iba a pagar, pero la realidad, según exponen, es que la deuda sigue existiendo. En 2011, las agencias reclamaban el abono de unos 14 millones de euros, una cantidad que, según los afectados, sigue prácticamente intacta. El Plan Concertado de Vivienda y Suelo aprobado en junio de 2008 contemplaba incentivos hasta el año 2012: subvenciones de hasta el 40 por ciento del precio del alquiler a los inquilinos (poco más de 200 euros al mes) durante dos años; entre 660 y 800 euros para las agencias intermediarias por cada expediente tramitado; y 6.000 euros a los dueños que arrendasen sus viviendas por un periodo de cinco años. Pero estas ayudas duraron poco, en 2008, ya en plena crisis, se suspendieron las bonificaciones a los propietarios y en 2010 a las inmobiliarias acreditadas. La justificación que dio la Junta para anular las ayudas es que se habían desbordado las previsiones. Sus cálculos fallaron. Estimaron que a este plan se presentarían unas 3.000 solicitudes, pero llegaron a los 15.000 expedientes. Han pasado los años y subvenciones de hasta de 2008 siguen sin llegar. El informe del Defensor del Pueblo es muy claro. Respecto a los propietarios explica que ha recibido varias quejas que se ajustan a la legalidad, es decir, presentadas antes de que la Junta suprimiese las subvenciones. Uno de los casos que expone es el de una propietaria malagueña, que alquiló su casa en 2008. En abril de 2010 se le notificó que la subvención se le había denegado «por no existir disponibilidad presupuestaria». Por ello, el Defensor pide que se conceda a la demandante la ayuda solicitada. Esta institución, para justificar su solicitud, se basa en una sentencia del 28 de noviembre de 2012, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que falló a favor de otro propietario que reclamaba la ayuda de 6.000 euros y que al igual que a la reclamante de Málaga se le denegó la subvención por falta de disponibilidad presupuestaria. En la sentencia se recoge que a otros propietarios que presentaron la solicitud más tarde sí se la abonaron, por lo que entiende que el argumento que da la Administración es «arbitrario». Respecto a las ayudas a los inquilinos, el Defensor del Pueblo lamenta que el no abono de las ayudas haya «supuesto un grave perjuicio para su economía, existiendo casos en los que habían sido desahuciados por no poder pagar el alquiler o que habían tenido que dejar la vivienda, por este mismo motivo» Ante esa situación, esta institución expone que para obtener más información sobre el asunto realizó una serie de preguntas a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), la competente en esta materia tras la desaparición de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (Epsa), pero «a la fecha de la redacción de este informe aún estamos a la espera de recibir» una respuesta. Además, hay una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Málaga, que ha condenado a la antigua EPSA al pago de 3.840 euros a la arrendataria de un piso a la que la consejería le concedió una ayuda por ese importe en 2010, con cargo al plan de fomento del alquiler, que nunca se hizo efectiva. Contra este fallo no cabe recurso y la Junta también ha sido condenada al abono de las costas. Respecto a las agencias del alquiler, la situación es similar a la de los inquilinos y propietarios, porque siguen sin cobrar por su trabajo. El que fuera portavoz de las inmobiliarias homologadas en 2011, Abelardo Alcaraz, manifiesta que el último pago que recibió data de 2010, y acusa a la Administración de actuar de «forma vergonzosa». Recurso. Por su parte, la Cámara de la Propiedad de Sevilla, ante los atrasos en los cobros ha optado por acudir a los tribunales. Han presentado dos recursos administrativos: uno por una resolución en la que le concedía una subvención de 4.100 euros, que todavía no se ha abonado, aunque el visto bueno al pago se dio en 2011; y otro porque están pendiente del cobro de 157.000 euros por expedientes tramitados y que la Junta de Andalucía no ha aprobado. Este periódico se ha puesto en contacto con agencias de todas las provincias y todas las consultadas están a la espera de cobrar de la Administración. El caso más llamativo es el de Alquila, de Marbella (Málaga), al que, según su responsable, se le adeuda aproximadamente un millón de euros, entre los que se encuentran expedientes de 2008. El último pago que la Junta le efectúo data de 2010. La consejería, por su parte, admite la deuda contraída, pero no da cifras de a cuánto asciende. No obstante, asegura que trabaja para atender los compromisos de pago adquiridos y culpa de la situación al Ministerio de Fomento, porque adeuda a la Administración andaluza 62 millones de euros del anterior Plan Estatal de Vivienda y Suelo. Asimismo, Fomento manifiesta que la concesión de los incentivos se realizó en la pasada legislatura, cuando la consejería estaba en manos del PSOE –ahora la responsable es Elena Cortés (IU)–. Entonces, según los actuales responsables de Vivienda, se actuó sin garantizar previamente la disponibilidad presupuestaria para hacer frente a todas las solicitudes. Un método que Fomento considera que «no es el más adecuado», por lo que en la actualidad se aplica el criterio de conceder todas las ayudas de los diferentes programas de vivienda y alquiler «siempre con la garantía de cobertura presupuestaria». Respecto a la deuda contraída con las agencias, la Junta informa de que está pagando a medida que se va contando con disponibilidad presupuestaria: «En el presupuesto de este año hay destinados 845.736 euros a este tipo de subvenciones». Asimismo, recuerda que desde el origen del programa se ha pagado a las inmobiliarias homologadas 21,15 millones.

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