El Gobierno aprobó ayer la hoja de ruta para el salvamento de las entidades financieras con problemas de solvencia. No habrá reforma de la Ley de Cajas, de forma que queda intacta la potestad de las comunidades para vetar fusiones. Sin embargo, si al final el Banco de España interviene una caja herida de muerte, éste asumirá todo el poder.
Una de las cuestiones claves que explicó la ministra de Economía, Elena Salgado, fue la potestad que las autónomías tienen para autorizar las fusiones de las cajas, que se mantendrá invariable, si bien el Banco de España tendrá la autoridad en caso de intervención de una entidad. Es decir, no habrá reforma de la Ley de Cajas (la LORCA) y las regiones seguirán dando o denegando el visto bueno a los procesos de integración iniciados por las entidades financieras que no estén heridas de muerte. Pero si lo están, las cosas cambian.
"Como es urgente, no tiene sentido abordar en este momento" los derechos de veto que las regiones poseen sobre operaciones de fusión de cajas de ahorros, aseguró la vicepresidenta, que sentenció que "los poderes de las CCAA [sobre las cajas] y el Ministerio de Economía y Hacienda [sobre los bancos] quedan vigentes. No hemos querido que fuera de otra manera".
No obstante, para avalar la competencia del Estado en intervenciones de entidades financieras, invocó una sentencia del Tribunal Constitucional que establece que es el Estado, a través del Banco de España, la máxima autoridad en dichos casos y, a tenor del contenido del Real Decreto -ver detalles en informaciones anexas- es amplio su poder.
El fondo no sólo está pensado para las cajas, sino para el sistema financiero en su conjunto, incluidos bancos y cooperativas de crédito. Serán estos tres tipos de entidades financieras las que con sus aportaciones a sus respectivos Fondos de Garantía de Depósitos (FGD) pongan el 25% del capital inicial del FROB, 2.250 millones de euros, que se utilizarán indistintamente para ayudar a unas u otras. El resto, 6.750 millones, provendrá de recursos que habían sido presupuestados para el Fondo de Adquisición de Activos Financieros y que el Estado español no ha utilizado.
Con todo ese dinero el FROB podrá cumplir dos objetivos: o gestionar los procesos de reestructuración o contribuir a reforzar los recursos y la solvencia de las entidades en los procesos de integración.
Si las entidades no llegan a una solución privada -en lo que se conoce como primera fase de la reordenación-, se llega a la segunda etapa, con medidas para ayudar a las entidades que, aunque solventes, tengan debilidades que puedan afectar a su viabilidad.
En esta segunda fase las ayudas deben provenir de los Fondos de Garantía de Depósitos (FGD) sectoriales, diseñados ya con este fin, aunque si se necesitan más recursos, el FROB podrá darles financiación, y las entidades deberán por su parte presentar en un mes un plan de viabilidad que en todo caso debe aprobar el Banco de España.
A la tercera fase se llega si el banco o caja no es capaz de cumplir su plan de viabilidad, por lo que sería necesaria la intervención del Banco de España y el uso del FROB, a través del cual se adquirirán títulos de la entidad.
Según el borrador del decreto, los títulos que el FROB adquiera serán participaciones preferentes que, en un plazo de tres años -prorrogable dos más-, deberá recomprar la entidad. El Estado podrá convertir las participaciones en cuotas con derecho excepcional de representación dentro de la Asamblea General, en el caso de las cajas, en acciones de los bancos o en participaciones del capital sin son cooperativas.
El FROB contará con control parlamentario, ya que el secretario de Estado de Economía deberá comparecer en el Congreso trimestralmente para informar de su gestión. En caso de que se intervenga una entidad, tanto él como el subgobernador del Banco de España -responsable de la Comisión Rectora del fondo- habrán de informar sobre la operación.
El sistema financiero español ha sido solvente durante esta crisis, pero el Gobierno reconoce que podría haber entidades con dificultades en 2010 si la situación económica no mejora.
