Local

La Junta supedita el 94% de obras en carreteras a la inversión privada

La patronal denuncia que sólo el 6,2% del gasto de obra pública es “presupuesto puro”, para el resto de proyectos se buscará apoyo de la empresa.

el 14 nov 2011 / 20:21 h.

TAGS:

Miembros de la comisión parlamentaria de Hacienda recibieron ayer a los agentes sociales para analizar el Presupuesto. / El correo

La consejera de Obras Públicas y Vivienda, Josefina Cruz Villalón, se reunió ayer con la dirección de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), horas antes de que miembros de ésta comparecieran en el Parlamento ante la comisión de Hacienda, a la que estaban convocados los agentes sociales para analizar el Presupuesto andaluz de 2012. El presidente de la Comisión de Economía de la CEA, Manuel Ángel Martín, se refirió a esa reunión durante su intervención, asegurando que la consejera acababa de revelar que "de los mil y pico millones de euros destinados a obra pública para 2012, sólo 85 millones son de puro presupuesto" (los primeros 10 kilómetros de la SE-40 han costado 108). El resto, añadió, "está condicionado a la colaboración público-privada", una fórmula denostada por los empresarios porque, dicen, ni ha funcionado en el pasado ni empezará a funcionar en el futuro. "Si los gobiernos no son capaces de endeudarse lo suficiente ni lograr financiación para inversiones, imagínese las empresas", zanjó Martín López.

El departamento de Cruz Villalón movilizará 1.351,4 millones de euros el próximo ejercicio (un 25% menos que este año), aunque sólo 609 millones proceden del presupuesto autonómico, el resto se atribuye a los recursos de sus agencias públicas y a proyectos de colaboración público-privada. La patronal puso ayer en boca de la consejera un dato "sorprendente": sólo el 6,2% de ese dinero es "presupuesto puro", inversión directa para subsanar carreteras. El resto, 1.200 millones, dependerá de la futura financiación público-privada.

Parte de la intervención de la CEA sirvió para reproducir lo que Cruz Villalón, en teoría, les acababa de transmitir a los empresarios. "Esta mañana [por ayer] nos señalaba la consejera con alarma que ya nos gastamos en saldar la deuda andaluza lo mismo que la suma de tres políticas dedican a la innovación [813 millones], y que en ejercicios posteriores va a ser aún más difícil", aseguró Martín López.

La consejera de Obras Públicas ya confirmó en el Parlamento que no hay grandes obras previstas para 2012, y que la inversión en carreteras se limita a los 72,6 millones para "conservación y seguridad vial", más las actuaciones del Plan Más Cerca (de mantenimiento de carreteras) con un nivel de ejecución más avanzado. Las infraestructuras han sido las principales damnificadas de las cuentas de 2012, con una inversión global de 4.854 millones de euros, un 9,9% menos que en el presente ejercicio, y un retroceso acumulado del 41% desde 2009. En términos globales, la inversión andaluza ha pasado de los 8.260 millones de 2009 a los 4.854 que contemplan las cuentas del próximo año.

El estancamiento o desaceleración de la inversión pública -según se mire- es el mayor punto de fricción entre la patronal y la administración. Los empresarios creen un error sacrificar las infraestructuras porque consideran que es la fórmula más rápida para generar empleo y reactivar la economía. La Junta, en cambio, cree que ha llegado el momento de forzar un cambio del modelo productivo, y que en la situación de crisis actual es preciso preservar las políticas sociales aunque eso signifique sacrificar las grandes obras. El nivel de inversión actual para Andalucía es del 3,4% del PIB.

Agentes sociales. El Defensor del Pueblo andaluz, José Chamizo, fue convocado ayer por primera vez a la comisión de Hacienda que analiza el proyecto de ley de Presupuestos autonómicos, por la que también desfilaron otros agentes sociales, como los sindicatos, la patronal, las asociaciones de consumidores, representantes de pymes y autónomos. Chamizo centró su discurso en las organizaciones sin ánimo de lucro y entidades sociales, "que asumen parte del trabajo asistencial de la Junta", y que a tenor del adelgazamiento de los presupuestos corren el riesgo de desaparecer. "Hay ONGs, y no me refiero a las más grandes, que tienen que cerrar por falta de prestaciones", dijo Chamizo.

El Defensor recordó que estas entidades son aliadas de la administración en políticas prestacionales. Ya sea a través de conciertos o de subvenciones, las organizaciones cumplen una función en el desempeño de ciertas políticas públicas que la Junta, por sí sola, sería incapaz de abarcar (guarderías, colegios, residencias de ancianos, lucha contra la droga, protección de los menores, etc). Chamizo también acusó la "desatención de pagos de ayuntamientos a sus proveedores". Los sindicatos CCOO y UGT, y la Confederación de Empresas de Economía Social aplaudieron el esfuerzo en gasto social. El Presupuesto contiene 32.020 millones de euros, y el 92% está destinado a políticas sociales.

  • 1