El Gobierno andaluz nunca se ha atrevido a dar una cifra de las viviendas ilegales que hay en la comunidad porque, en primer lugar, no la conoce. Para despejar este problema -"una de las mayores asignaturas pendientes", admitió ayer la consejera de Obras Públicas y Vivienda, Josefina Cruz- en 2007 puso en marcha, en colaboración con los ayuntamientos, los planes de inspección municipales y los inventarios de construcciones en suelo no urbanizable. Se trata de censos en los que se inscriben las casas con todas sus características (ubicación, dimensiones, etc). Una vez que están localizadas, se les puede buscar una solución. De momento, la Junta está trabajando con 78 municipios en la elaboración de los inventarios y ya tiene identificadas 100.000 viviendas ilegales.
El número final será más alto porque el censo aún no está terminado -los primeros inventarios estarán listos en dos meses, dijo la consejera en comisión parlamentaria-. La Junta nunca ha querido hacer estimaciones, pero instancias como el Defensor del Pueblo calculan que en Andalucía hay 300.000 casas ilegales. El PP hizo suya esta cifra y reprochó a la consejería que los censos "deberían haber estado hace años". Los 78 municipios en los que se trabaja son -aclaró Cruz Villalón- los que tienen la "problemática más extendida". Las zonas calientes del ladrillo ilegal siguen siendo las costas de Málaga, Cádiz y Almería y núcleos en la sierra, como en la Axarquía malagueña, donde hay más de 10.000 construcciones irregulares.
Este fenómeno, que creció como la espuma durante la burbuja inmobiliaria, está ahora "detenido", aseguró la consejera. El principal motivo es que la crisis ha hecho mella en el ladrillo, pero también se suma la labor de inspección y una mayor concienciación social, explicó Cruz. La portavoz del PP en materia de vivienda, Alicia Martínez, sostuvo que Andalucía está hoy "igual que hace siete años". La diputada popular e Ignacio García (de IU) acusaron a la Junta de tener "responsabilidad por omisión" en el problema de las edificaciones ilegales. "¿Cómo se va a solucionar", preguntaron.
soluciones diversas. Cruz Villalón señaló que el problema es "tan diverso y complejo" que no existen remedios "mágicos ni únicos". Hay dos realidades distintas: en el caso de las parcelaciones ilegales, la consejera apostó por normalizar aquellas que sean compatibles con el desarrollo urbanístico siempre y cuando los costes de su legalización -por ejemplo en equipamientos- no los asuman las administraciones, sino el infractor. Por otra parte están las casas diseminadas o esparcidas en el terreno, muchas de las cuales no se podrán regularizar.
La consejera apuntó que una de las soluciones posibles es legalizar las viviendas a través de los planes subregionales de ordenación del territorio. En el plan de la costa noroeste de Cádiz se va a hacer así, sin que estas edificaciones computen en los límites de crecimiento que fija el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) -el 40% del territorio y el 30% de la población de un municipio-.
La diputada del PP demandó soluciones para los extranjeros afectados por las ilegalidades y la consejera pidió huir de la "demagogia". "No se le puede decir a la gente lo que quiere oír si eso es imposible o injusto", apostilló.
