El portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, ayer, tras el Consejo de Gobierno. / Raúl Caro
La Consejería de Hacienda llevará al Consejo de Gobierno previsiblemente en 15 días el anteproyecto de ley de Presupuestos Autonómicos para 2015, los primeros en seis años que rompen la tendencia de recortes al gasto público. El departamento de María Jesús Montero ultima el diseño de las cuentas «bajo la hipótesis» de que el Gobierno central accederá a la petición que lleva semanas haciéndole el Ejecutivo andaluz: el aplazamiento a 20 años de la devolución de los 426 millones de euros que la Junta adeuda al Estado por la liquidación negativa del ejercicio 2013, es decir, por haber recibido más dinero entonces de lo que le correspondía (el error lo cometió el Gobierno al hacer una previsión muy optimista de lo que ingresaría Andalucía vía impuestos aquel año).
Esta demanda ya la formuló el Parlamento, con votos de PSOE-A e IU, y la abstención del PP-A. Por ahora, el Ministerio de Hacienda, a pesar de estar en contacto directo con la consejería, no ha contestado, pero la Junta da por hecho que su respuesta será positiva, porque en el pasado el Gobierno ya accedió a aplazar una deuda similar por las liquidaciones negativas de los presupuestos de 2008 y 2009. El portavoz Miguel Ángel Vázquez admitió ayer que la Junta «no tiene un plan B», más allá de que Rajoy acceda a fraccionar el pago. «El Gobierno tiene que ser justo con Andalucía y no someterla a un doble castigo», dijo.
A priori no parece que haya problemas en el camino, aunque tanto desde el Ejecutivo andaluz como desde el propio PP-A admiten que «el ministro Cristóbal Montoro está tardando demasiado en contestar». Hace unos días, el coordinador regional de IU, Antonio Maíllo, advirtió de que si Rajoy se niega a aplazar el pago de esos 426 millones, «simple y llanamente no habría presupuestos andaluces en 2015».
El Gobierno de Susana Díaz trabaja en unas cuentas expansivas, con un aumento de la inversión para obra pública del 17% el primero desde 2009, con más dinero para educación, salud y dependencia, y con la restauración de algunos derechos de los empleados públicos que se habían recortado: la devolución del complemento autonómico de la paga extra para 60.000 funcionarios, y la reposición del 100% del salario y jornada laboral de 2.000 sanitarios eventuales. Montero estima que Andalucía tendría que afrontar un recorte de 606 millones en el presupuesto de 2015. En esa cifra está la caída de las transferencias del Estado a las comunidades, la obligación de cumplir con un déficit del 0,7% del PIB, y la mencionada deuda de 426 millones. Al descontar esta cifra y asumir que podrán pagarla en diez años, el ajuste para el año que viene se reduce a 21 millones.
Tarjetas black. Vázquez también aclaró ayer que la Consejería de Hacienda ha consultado a las antiguas cajas de ahorro andaluzas (ya extintas) si entre sus directivos se usaron tarjetas opacas, un sistema de retribución ilegal que se ha destapado en Caja Madrid y Bankia, entre 2009 y 2011, y que afecta a miembros de todos los partidos políticos. «En las cajas andaluzas no han existido nunca tarjetas opacas», fue la respuesta del portavoz.
El PP-A ha acusado ayer volvió a incidir a la Junta de entregar tarjetas de crédito para gastos de representación a altos cargos, extremo que Vázquez desligó del asunto de las tarjetas opacas, pero que en cualquier caso también desmintió. «No hay tarjetas ni blancas, ni verdes, ni amarillas ni negras», sentenció. Pese al desmentido, la secretaria general del PP-A, Dolores López, insistió ayer en exigir a Montero que aclare «si en las empresas públicas algún directivo o cargo ha tenido tarjetas». All ser preguntada sobre si en su partido tienen información al respecto, López contestó que de la que puedan tener o tengan ya «en su momento se sabrá», pero que «quien calla otorga».
