Darle un empujón a los ayuntamientos para que se adapten a la legalidad urbanística. Eso es lo que pretende la Junta, que pondrá en marcha una serie de medidas para que, antes de final de año, hayan adaptado sus planeamientos a la ley. Sólo 60 lo han hecho. 535 están en trámite.
Juan Espadas, consejero andaluz de Vivienda y Ordenación del Territorio, lo llamó "plan de choque" en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno. Se trata de una serie de medidas que completan las que ya se pusieron en marcha in extremis en la pasada legislatura, en el marco de las negociaciones para flexibilizar el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) y después de que el Gobierno andaluz entendiese que era inviable hacer cumplir a los ayuntamientos la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), de 2003. Esta ley establecía que en enero de 2007 todos los planes municipales tenían que estar adaptados a su contenido que, entre otras novedades, obligaba a hacer una reserva del 30% del suelo para VPO.
El consejero Espadas quiere que antes del 31 de diciembre hayan cambiado "radicalmente" los números y que, dando prioridad a los municipios que sólo tienen que hacer modificaciones técnicas, todos vayan entrando por el aro de la legalidad urbanística. Para ello, el Gobierno andaluz se propone culminar la red de oficinas de apoyo al planeamiento, de las que sólo están en marcha 20 de las 44 previstas.
La "colaboración" con ayuntamientos y diputaciones pasará, según dijo, por "aumentar los recursos económicos y humanos para que puedan sacar adelante esos planes". De los contactos que el responsable autonómico dice que ya ha mantenido con los presidentes de las Corporaciones provinciales asegura que ha sacado una buena impresión y que éstos tienen un "compromiso claro de auxilio" a los ayuntamientos.
La Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio está ultimando además un decreto con el que pretende agilizar "los trámites y plazos" dentro de la Administración autonómica para evitar que el proceso de adaptación a la legalidad urbanística -que requiere el visto bueno de la Junta- se estanque en sus despachos.
Como la gran mayoría de los ayuntamientos no se ha adaptado hasta ahora, la consecuencia ha sido que sus planes generales estaban bloqueados, incluso para liberar suelo para VPO. Eso fue lo que corrigió el pasado mes de enero el decreto con el que se empezó a flexibilizar la normativa urbanística y que, según Espadas, "ya está surtiendo efectos".
