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La Junta urge a ceder el río antes de que el Supremo anule el traspaso

Un fallo pendiente del Supremo anulará la transferencia del Guadalquivir.

el 22 mar 2011 / 15:20 h.

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Los consejeros de Presidencia y Cultura, Mar Moreno y Paulino Plata, tras la reunión del Consejo de Gobierno.
"Los dos presidentes han encauzado políticamente la solución del Guadalquivir", dijo ayer la titular de Presidencia y portavoz de la Junta, Mar Moreno, sobre la fórmula provisional que Zapatero y Griñán pactaron el lunes. El Estado, a través de una encomienda de gestión transitoria, volverá a poner en manos de la Junta la gestión del Guadalquivir, para sacarla del limbo legal en el que entró cuando el Constitucional retiró a Andalucía las competencias exclusivas sobre el río.

 

Pese a su "satisfacción", la consejera hizo notar que al Gobierno andaluz le urge que la Comisión Bilateral Junta-Estado "dé luz verde cuanto antes" al Real Decreto que recogerá "al detalle" qué parte en la gestión del Guadalquivir será delegada. Moreno advirtió de que la encomienda de gestión debería aprobarse antes de que el Tribunal Supremo resuelva el recurso que Extremadura, Castilla La Mancha y Murcia presentaron contra el decreto andaluz de transferencias. Todo apunta a que el Alto Tribunal anulará dicha norma.

La Junta dice que la sentencia está "prácticamente resuelta, a falta de incorporar los argumentos del Constitucional sobre el Guadalquivir". La encomienda impediría que el fallo trastocara las políticas andaluzas del agua. Pero Moreno advirtió de que si el tribunal resuelve antes de que la cesión se apruebe, "la gestión del agua sí entraría en una incógnita jurídica de difícil solución". La Comisión Bilateral, que presidirá el vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves y la consejera de Presidencia, debería cerrar los detalles legales de la encomienda el próximo miércoles, para que el Consejo de Ministros la apruebe el siguiente viernes.

La "fórmula transitoria" no sólo permitirá que la Junta siga desarrollando las políticas del agua "con plena normalidad": también salvaguarda la gestión de los últimos dos años. "Nos acogemos al principio de conservación de actos. La nulidad de un precepto no conlleva la nulidad de todas sus actuaciones", aseguró Moreno. Así que la Ley de Aguas no será la principal damnificada. Sin embargo, la fórmula transitoria no resuelve la incógnita de qué va a pasar con la recién creada Agencia Andaluza del Agua. En ella trabajan 700 funcionarios que dependían del Estado (de la Confederación Hidrográfica) y pasaron a integrar el organismo autonómico tras la reforma del Estatuto. Moreno no pudo confirmar aún si esos empleados volverán a depender del Gobierno.

Ante tales dudas, el sindicato de funcionarios CSIF pidió a la Junta que saque las vacantes de la Agencia del Agua que se ofertan en el concurso de traslados, para que ningún empleado opte a una empresa pública de futuro incierto. El presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, consideró ayer que el acuerdo de Zapatero con Griñán es "coyuntural", y abogó por consensuar una "solución definitiva", sobre todo para los 700 trabajadores, que "están en un limbo legal y no saben de quién dependen".

A partir de ahora, los servicios jurídicos de la Junta y de la Abogacía del Estado trabajarán juntos en la "solución definitiva" sobre el Guadalquivir, un trabajo complejo que requerirá "brocha fina jurídica". La mayor complejidad reside en cómo conciliar tres aspectos que deben encajar en el modelo definitivo de gestión del río: la unidad de la cuenca, la participación de otras comunidades implicadas y la máxima capacidad de decisión de la Junta.

Fuentes del Ejecutivo andaluz explicaron ayer que recurrir al artículo 150.2 de la Constitución como posible solución al bloqueo de las competencias andaluzas sobre el río es una vía muerta. El artículo permite al Estado delegar competencias exclusivas a las comunidades. Zapatero se sirvió de él para desatascar el Estatut catalán, pero el fallo del Constitucional contra el texto andaluz no deja resquicio legal para volver a recurrir a esa vía.

PP e IU no entraron ayer a valorar la solución provisional del Guadalquivir. Ambos abogaron por una fórmula definitiva que devuelva a Andalucía una mayor cota de autogobierno.


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