La Junta urge a los bancos para que entreguen el censo de VPO vacías

El Parlamento convalida el decreto-ley de la vivienda, con los votos de PSOE e IU y la abstención del PP

el 08 may 2013 / 22:57 h.

Dos modelos antagónicos de políticas de vivienda confrontaron ayer en la distancia: uno lo representa el decreto-ley sobre la función social de la vivienda, convalidado en el Parlamento andaluz con los votos de PSOE e IU y la sorpresiva abstención del PP. Ahora será tramitado como proyecto de ley y previsiblemente enriquecido con las enmiendas de los grupos, por decisión unánime de los tres partidos. Esta norma del Gobierno andaluz ha tenido una gran repercusión mediática, sobre todo, porque posibilita la expropiación de casas a los bancos para evitar que desahucien a familias. El otro modelo lo representa la Ley de Protección de Deudores Hipotecarios que ayer, simultáneamente, fue refrendada en el Senado con el voto del PP. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca se manifestó ante la Cámara Alta contra la ley, por dejar fuera los tres puntales de la iniciativa legislativa popular que llevaron al Congreso 1,5 millones de personas: dación en pago retroactiva, paralizar desahucios y un parque de viviendas sociales de alquiler. La consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, se trajo ayer al Parlamento la lista de calificativos y censuras que ha recibido el decreto ley desde que fue aprobado hace un mes. Las críticas de empresarios y banqueros, que coinciden en que la norma golpeará de forma definitiva el sector inmobiliario. “La construcción cae por el pinchazo del ladrillo, se crea el banco malo, hay millones de casas vacías... ¿y es este decreto ley el que va a acabar con el sector?”, se preguntó. Y las críticas del PP-A y del Gobierno de Mariano Rajoy, que han tildado esta ley de “demagógica, poco efectiva” y que “sólo busca titulares”. Sobre esto, Cortés respondió leyendo la agenda inminente de su departamento. La semana que viene expira el plazo para que los bancos comuniquen a la Junta cuántas VPO vacías tienen en su poder, y si alguna entidad no lo hace, --“o se aporta una cifra sospechosa, por pequeña”, apuntan fuentes del Gobierno andaluz-- Vivienda “impondrá sanciones de inmediato”. Acto seguido, el departamento de Cortés desplegará el cuerpo de inspectores para que ellos mismos hagan el censo de viviendas públicas vacías en manos de los bancos, para lo cual está a punto de aprobarse el reglamento de registro de pisos desocupados. “Este decreto no sólo busca titulares. Ha nacido para ser aplicado. Y no es un punto final, es un punto y aparte”, remachó la consejera. La norma permite multar con 9.000 euros cada piso desocupado que pertenezca a inmobiliarias o bancos y dará ayudas a propietarios privados (sin sanciones) que alquilen sus pisos vacíos. La posibilidad de la expropiación se producirá por tres años para aquellas viviendas sobre las que pese un expediente de desahucio a familias en riesgo de exclusión. Éstas han de solicitar la expropiación en las oficinas de información contra los desahucios. El proceso ya se ha iniciado en muchas provincias. Por cada piso expropiado, la Junta pagará cada año el 2% del justiprecio con el que saldría a subasta, aunque Cortés elude aclarar de cuánto presupuesto dispone. La diputada del PP-A, Alicia Martínez, insistió en que el decreto para paralizar los desahucios es inútil, porque los desahucios ya los “ha paralizado el Gobierno de Rajoy”. Pero los populares no se desmarcaron de la norma. “Si es complementaria, bienvenida sea, pero usted pide un cheque en blanco para expropiar a los bancos”, dijo. Martínez reprochó a Cortés que la Junta tenga viviendas vacías, y mostró fotos de dos bloques de Cádiz y Morón. Su gabinete explicó que el primero es un edificio de 102 viviendas que EPSA construyó para el Ayuntamiento gaditano (PP), y que según un convenio firmado éste debe aún hacerse cargo de él. El segundo es un bloque con 50 VPO, 20 vendidas y 30 vacías, porque los adjudicatarios no logran crédito para comprarlas.

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