La advertencia de la Junta de llevar a los tribunales al Gobierno si no convoca la comisión bilateral que reconozca y salde la deuda del Estado con Andalucía por el déficit inversor en 2008 y 2009 cuantificada por Zapatero en 1.504 millones soliviantó ayer al PP-A, que esgrimió una batería de datos para desmentir que Rajoy maltrate a esta región, sino todo lo contrario. El secretario general del PP-A, José Luis Sanz, advirtió al consejero de Economía, Antonio Ávila, de que a quien tiene que denunciar es a los Gobiernos socialistas anteriores a Rajoy porque éste, según un informe del Ministerio de Hacienda sobre la distribución territorial de las inversión del Estado en 2012, destinó a Andalucía un 18,6%; es decir, un 0,8% más del 17,8 que recoge la Disposición Adicional Tercera del Estatuto, cuyo incumplimiento denuncia la Junta. Andalucía fue la comunidad que más inversión recibió en 2012, duplicando lo que recibió Madrid y casi triplicando lo de Cataluña, dijo Sanz. PSOE e IU creen que la deuda del Estado por el déficit en inversiones supera los 4.000 millones, puesto que los ejercicios 2010, 2011 y 2012 aún no han sido liquidados ni se ha reconocido la deuda en inversiones de esos años. Es otra nueva deuda histórica, apuntó ayer el vicepresidente Diego Valderas, que no duda que Andalucía, si tiene que hacerlo, recurrirá ante el Constitucional. Ávila explicó que el requerimiento por carta que la Junta ha hecho cumple con responsabilidad y nadie debe sentirse agredido. Tuvimos información sobre la inversión ejecutada en los ejercicios 2008 y 2009 pero no conocemos la ejecutada en 2010 y 2011, y en unos días se cumple el tiempo que nos dimos para conocer la ejecución del ejercicio anterior 2012, dijo Ávila. Debería existir la suficiente lealtad institucional entre administraciones para tener información, concluyó. Sobre los datos aportados por Sanz, el secretario general de Economía, Gaspar Llanes, acusó al PP de o no tener ni idea o hacer trampas. Esa cifra sólo representa el 47% de la inversión del Estado, del sector público administrativo, dijo, no incluye el grueso de las empresas públicas.
