La consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés.
La letra pequeña del decreto andaluz de vivienda que ayer se publicó en el Boletín Oficial de la Junta (BOJA) y que hoy entrará en vigor confirma que la Junta va a ser inflexible con los grandes propietarios de las más de 700.000 viviendas vacías de la comunidad, es decir, con los bancos. La Consejería de Fomento y Vivienda que dirige Elena Cortés (IU) busca forzar a las entidades financieras, y también a las inmobiliarias o sociedades de gestión, a que alquilen las casas desocupadas que poseen si quieren librarse de pagar sanciones de hasta 9.000 euros por cada piso vacío, aunque sean de la misma promoción. Para eludir la multa deberán acreditar que han logrado arrendar sus viviendas durante al menos seis meses consecutivos y, para ello, previsiblemente tendrán que bajar los precios. Ese es uno de los objetivos finales del decreto, que bajen los alquileres. Además de la multa económica, la Junta podrá añadir otro castigo: vetar a los bancos que cometan infracciones graves o muy graves e inhabilitarlos para trabajar con la administración autonómica (en promociones de VPO o rehabilitación pública) durante tres o seis años.
La norma pivota sobre dos ejes fundamentales: las sanciones a las viviendas vacías y la potestad del Gobierno andaluz de expropiar durante tres años a los bancos el uso de las viviendas sobre las que pese un expediente de desahucio siempre que la familia tenga riesgo de exclusión social. La Junta abonará cada año el 2% del justiprecio (el precio de la casa en subasta pública) y cobrará a la familia beneficiaria un alquiler que no supere el 25% de sus ingresos globales. Esta medida ha sido la más polémica del texto que se tramitará ahora como proyecto de ley en el Parlamento. La consejería asegura que su efecto se verá de inmediato, porque ya hay unas 200 familias que, a través de las oficinas provinciales antidesahucios, han pedido protección a la administración por su especial vulnerabilidad. Ahora habrá que verificar, a través de gran cantidad de documentación, que cumplen los requisitos. No obstante, desde el departamento de Elena Cortés aclaran que la medida es excepcional y que no habrá una avalancha de expropiaciones.
El decreto reza que las expropiaciones se realizarán en función de las disposiciones presupuestarias, pero IU deja claro que se pagarán las que hagan falta para auxiliar a las familias más necesitadas. El texto publicado ayer en BOJA especifica que ese gasto se cubrirá con lo que ingrese la consejería con las fianzas al alquiler. Hasta ahora, los inquilinos que sellaban con su arrendador un contrato público de alquiler ingresaban la fianza de depósito en las arcas de la Consejería de Hacienda. En breve dice la norma el Consejo de Gobierno aprobará un decreto para traspasarlo a la Consejería de Fomento.
La consejera rechazó ayer en comisión parlamentaria que el decreto tenga afán recaudatorio, pero una parte importante del mismo implica sanciones a las viviendas vacías en manos de personas jurídicas los propietarios individuales no serán multados, sino incentivados para que alquilen sus casas. Las multas irán desde los mil euros a 3.000 las leves, de 3.000 a 6.000 las graves y de 6.000 a 9.000 euros las más graves y se considerará una agravante que el infractor sea reincidente, si es titular de tres o más viviendas vacías (caso de la mayoría de bancos) o si ha generado un gran perjuicio a la administración como a los usuarios. Las sanciones podrán reducirse entre un 50% y 80% si se restituye el bien jurídico protegido. Lo que la Junta ingrese se destinará al patrimonio público de suelo o a financiar políticas de fomento del derecho a la vivienda.
Además de trasladar a la consejería cuántas viviendas vacías poseen, los bancos tendrán la obligación de comunicar a la administración cada VPO que compren y devolver a los registros municipales de demandantes los pisos protegidos que adquieran a través de una ejecución hipotecaria. Hasta ahora las entidades no lo hacían y estas casas se quedaban vacías. A partir de ahora los inspectores del territorio se dedicarán a vigilar las viviendas desocupadas de la comunidad controlando el gasto en luz, agua, uso del correo, etc y cuando acrediten que llevan más de seis meses vacías iniciarán un procedimiento sancionador que no puede durar más de un año, entre periodo de alegaciones y otros trámites. Para hacer posible la capacidad sancionadora, el Gobierno andaluz debe aprobar en menos de un mes el plan de inspección y en dos meses el registro de viviendas vacías, en el que también estarán las de particulares, aunque éstas no se multarán. En seis meses estará listo el Observatorio de la Vivienda, un instrumento de planificación.
La consejera aseguró que los gobiernos pueden y deben parar los desahucios y pidió una conferencia sectorial de vivienda para que las comunidades tomen nota del decreto. La popular Alicia Martínez le reprochó que se suba al carro de la reforma social emprendida por el PP de Rajoy.
