La Junta vincula por vez primera el cobro del salario social a un empleo

Se volverán a destinar 40 millones de euros para que los consistorios contraten a parados de larga duración y se prevén 25.000 puestos de trabajo

el 09 jun 2014 / 22:49 h.

El Gobierno andaluz tiene previsto aprobar hoy una segunda edición del decreto de medidas urgentes para la inclusión social que atiende de forma excepcional a los andaluces en situación límite. La principal novedad es que por vez primera el llamado salario social o renta básica, una ayuda para familias que ya han agotado todas las prestaciones, estará vinculado al desempeño de un empleo. El secretario de Organización del PSOE andaluz, Juan Cornejo, explicó ayer que esta ayuda «de solidaridad» se ha negociado con las empresas de la economía social y que, a partir de ahora, sus perceptores tendrán que desempeñar un puesto de trabajo. Los últimos datos ofrecidos por la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales señalan que en el pasado 2013 se duplicaron los andaluces que cobraron el salario social y se elevaron a 55.577 andaluces (22.500 más que el año anterior). El Ingreso Mínimo de Solidaridad asciende a los 397,67 euros mensuales, que puede incrementarse hasta un máximo de 641 euros, por un tiempo de seis meses. En el último Presupuesto andaluz se consignaron 100 millones de euros para cubrir esta partida. El compromiso del Gobierno era resolver estas ayudas en un máximo de tres meses pero las quejas de las familias que recurren a esta ayuda de emergencia por los retrasos se siguen sucediendo y el Defensor del Pueblo alertó de que en algunos casos el tiempo para la tramitación de este salario llegaba al año. Existe el compromiso desde hace años, recogido en el Estatuto de Autonomía, de legislar para garantizar el derecho a una renta básica. De momento, esa ley es una promesa que estudia un grupo de trabajo en el Parlamento andaluz. Según el avance que ofreció ayer el Gobierno andaluz, el decreto prevé 25.000 contrataciones para parados de larga duración que realizarán los ayuntamientos. Una de las patas de este plan contra la pobreza en Andalucía contempla ayudas extraordinarias a los consistorios para que realicen contratos de al menos un mes a desempleados con familias a su cargo. El número dos del PSOE andaluz subrayó que se destinarán a este programa 40 millones de euros y que en esta ocasión podrán acogerse «los desempleados de todos los regímenes de la Seguridad Social». En el decreto que se aprobó en abril del pasado año y entró en vigor 45 días más tarde se calcularon unos 40.000 contratos vinculados a los ayuntamientos y se destinaron, según la Junta, 60 millones, incluyendo también ayudas para trabajadores de la dependencia. El plan andaluz contra la exclusión social, avanzado por el Grupo Joly, mantendrá medidas como las ayudas para que en centros de ancianos y comedores escolares se garanticen al menos dos comidas diarias para mayores y niños. Ese plan incrementaba las ayudas, que ya existían, para los menús bonificados a los colectivos más vulnerables, con especial atención a unos 100.000 alumnos que la Junta calculó que no cubrían sus necesidades básicas. Aunque el Gobierno andaluz barajó la posibilidad de reducir este plan en el nuevo decreto y comunicó a los servicios sociales de los ayuntamientos que dejaran de derivar niños porque esta ayuda estaba en «fase de evaluación», finalmente esta medida seguirá adelante. Coincide con el debate abierto por la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, que ha llamado a los gobiernos autonómicos a abrir los comedores escolares en verano. Comunidades gobernadas por el PP como Madrid o Aragón han dado una portazo a esa petición. Andalucía comunicó que lo mantendrá. Izquierda Unida, dentro del Gobierno andaluz, también había pedido que se destinará un fondo de emergencia para cubrir la luz y el agua de las familias más necesitadas. Desde la vicepresidencia del Gobierno que ostenta Diego Valderas (IU) se anunció que se estaba trabajando en un decreto específico para atender lo que se llama el suministro vital básico. De momento en la norma que hoy verá la luz se incluirán cinco millones de euros, que podrán llegar hasta diez con la colaboración de ayuntamientos, para atender de manera «transitoria» esta demanda, aseguró ayer Valderas. En el próximo otoño se aprobará otro decreto, similar al catalán, para prohibir que se corte la luz y el agua en el invierno a personas en riesgo de exclusión. En otras ocasiones, el vicepresidente había señalado la necesidad de que este decreto para evitar cortes tuviera una dotación de unos 20 millones de euros.

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