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La Junta y Emvisesa ayudarán a los inquilinos con problemas para pagar

La ayuda garantiza que el esfuerzo económico de los inquilinos para pagar las rentas no supere el 25 por ciento de los ingresos familiares.

el 10 sep 2014 / 10:56 h.

La Consejería de Fomento y Vivienda, dirigida por Elena Cortés  (IU-CA), y la Empresa Municipal de Vivienda, Suelo y Equipamiento de  Sevilla (Emvisesa), perteneciente al Ayuntamiento hispalense,  gobernado por Juan Ignacio Zoido (PP), han suscrito un acuerdo  gracias al cual la Administración andaluza ayudará a "abonar el  alquiler" a los inquilinos que habiten inmuebles protegidos de dicha  sociedad municipal, tengan bajos ingresos económicos y sufran  "dificultades para afrontar el pago de las rentas" de alquiler. En un comunicado, la Consejería ha informado de que Emvisesa y el  departamento que dirige Elena Cortés han suscrito el convenio para  destinar a familias de Sevilla fondos de la línea de Ayudas al  Alquiler para Personas Inquilinas en Situación de Especial  Vulnerabilidad, impulsada en julio por la Consejería de Fomento y  Vivienda con una dotación presupuestaria de 4,3 millones de euros. La ayuda está destinada a familias con ingresos inferiores a 1,5  veces el IPREM (Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples), lo  que supone unos 11.200 euros netos al año, y que tienen dificultades  acreditadas para el abono del arrendamiento. La ayuda garantiza que  el esfuerzo económico de los inquilinos para pagar las rentas no  supere el 25 por ciento de los ingresos familiares. "La ayuda está además concebida para que los ayuntamientos, en  este caso el de Sevilla, encuentren todas las facilidades para que  sus viviendas vacías sean habitadas por familias en régimen de  alquiler, en vez de mantenerse cerradas y en venta", ha señalado  Granada Santos, delegada territorial de Fomento y Vivienda. Los receptores deberán disponer de un informe, emitido por los  servicios sociales que correspondan, donde se refleje la situación de  especial vulnerabilidad en relación con su composición familiar, la  necesidad de vivienda, los ingresos percibidos, así como otras  especiales circunstancias que deban tenerse en cuenta. Los miembros de la unidad familiar no podrán disponer de la  titularidad o un derecho real de uso sobre ninguna otra vivienda. La  subvención contribuirá al pago de las mensualidades correspondientes  al año 2014, incluso en el caso de los contratos de arrendamiento ya  existentes con anterioridad a la entrada en vigor de esta  convocatoria. TAMBIEN ESTEPA La delegada territorial de Fomento y Vivienda ha explicado que  esta línea de ayudas pretende "garantizar mediante alquileres  asequibles el derecho a la vivienda de las familias con menos  ingresos, en un contexto de fuerte desempleo y precariedad laboral". La Consejería establece para ello como requisito que las  administraciones con competencia en materia de vivienda se conviertan  en agentes colaboradores de la Junta mediante la firma del  correspondiente acuerdo y puedan así gestionar estas subvenciones. Además del Ayuntamiento de Sevilla, también ha firmado el convenio  para adherirse a esta línea de ayudas el Consistorio de Estepa, con  lo que ya son siete los municipios de la provincia que lo han  suscrito, contando con Mairena del Aljarafe, Carmona, Lebrija, San  Juan de Aznalfarache y La Rinconada. En toda Andalucía el número ayuntamientos asciende a 21 en las  provincias de Sevilla, Córdoba, Cádiz y Málaga, Huelva. El plazo para  que los ayuntamientos se den de alta como entidades colaboradoras  concluye el 1 de octubre. Este programa de subvenciones contribuye a combatir el stock de  viviendas protegidas de titularidad pública que aún se encuentran  vacías en Andalucía, al permitir a las entidades que mantienen  inmuebles cerrados darles uso mediante un alquiler social, ya que es  la Junta de Andalucía la que completa la diferencia entre la renta  estipulada y lo que el inquilino en situación de especial  vulnerabilidad puede pagar. La medida también busca erradicar los  desahucios en parques públicos de Andalucía pertenecientes a  ayuntamientos o entes instrumentales por motivos de impago de  alquiler, ya que las subvenciones van destinadas a ayudar a sufragar  esas rentas a quienes no pueden afrontarlas. Las administraciones públicas, los entes instrumentales  dependientes de ellas y las personas jurídicas públicas con  competencias en materia de vivienda, así como las entidades inscritas  en el Registro de Asociaciones de Andalucía que cuenten con  declaración de utilidad pública podrán funcionar como entidades  colaboradoras, siempre que tengan una bolsa de viviendas en alquiler  de gestión propia destinadas a familias en situación de especial  vulnerabilidad. Igualmente, deberán contar con los medios  informáticos necesarios para la tramitación de estas ayudas a través  del Registro Telemático Unico de la Junta. Serán dichas entidades colaboradoras las que informen sobre el  cumplimiento de los requisitos de las personas solicitantes y  presenten en su nombre la petición de ayudas, previa puntuación de  sus condiciones y las de su unidad familiar a través de los medios y  formularios facilitados por la Consejería que dirige Elena Cortés.  Una vez obtenida la resolución de ayuda, las entidades colaboradoras  descontarán el importe de la renta mensual y, en su caso, el resto de  la cantidad correspondiente para que el importe que efectivamente  abona la persona destinataria de la ayuda no supere el 25% de sus  ingresos.

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