Local

La Junta y Merca llevan ante la juez a otro intruso en el ERE

Pese a no haber trabajado nunca Mª Carmen Fontela aparece como prejubilada.

el 18 nov 2010 / 15:01 h.

TAGS:

Los prejubilados de Merca durante una protesta reciente en la sede del INEM en Blas Infante.

Dos días después de conocerse que un cargo del PSOE de Baeza estaba incluido en el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de 2007 de Mercasevilla, ha aparecido otro nombre que nada tiene que ver con la plantilla del mercado central, aunque en esta ocasión en la lista del ERE de 2003. María del Carmen Fontela González figura en el estudio de prejubilaciones del procedimiento y en el protocolo de colaboración, según denunció ayer el comité de empresa. La Consejería de Empleo y Mercasevilla ya han puesto en conocimiento de la juez que investiga el caso esta irregularidad.

Fontela pertenece al círculo de amistades del intermediario en el ERE Juan Lanzas, quien también es amigo del cargo del PSOE incluido de forma irregular. El nombre de esta mujer aparece en el estudio de prejubilaciones anticipadas por edad, fechado el 17 de octubre de 2003, ligado a la cuantía de 156.749,93 euros en concepto de "coste prima contado" y a 174.415,21 euros en concepto de "coste promedio acumulado". El nombre de Fontela vuelve a aparecer en el protocolo de colaboración suscrito el 4 de diciembre de 2003 entre Mercasevilla y la Consejería de Empleo asociado a la cuantía de 154.851,61 euros. Sin embargo, el presidente del comité de empresa Rafael Domínguez, desconoce si esta cuantía se llegó a cobrar.

Fuentes de la Junta afirman que en 2003 la lista de nombres de trabajadores que fue revisada por la Delegación Provincial de Empleo no incluía el de Fontela. Lista que además, fue supervisada por la Inspección de Trabajo. La inclusión fue, por tanto, posterior tras la firma de la póliza para garantizar los pagos a los trabajadores prejubilados.

Aprobado por Mellet. Este acuerdo con el Banco Vitalicio está firmado por el ex director general de la empresa pública Fernando Mellet y por el entonces director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero. Precisamente, Guerrero es el hombre que también autorizaría la póliza para el ERE de 2007 donde vuelve a aparecer otro intruso: Antonio Garrido Santoyo, ex sindicalista y miembro del PSOE en Baeza, que el miércoles dimitió de su cargo en la Ejecutiva.

Esta autorización fue la que hizo que la Junta cesara a Guerrero, el mismo día que la firmó, y que posteriormente se desvinculara del ERE. Guerrero es además la persona que un empresario señaló como la que en el transcurso de una reunión con Mellet le ofreció la concesión de una ITV para que cediera el suelo que finalmente acabó adquiriendo Sando -la empresa que se hizo con la adjudicación de los terrenos, concurso que está siendo investigado por la magistrada-.

La propia empresa confirmó ayer que María del Carmen Fontela González "no es trabajadora" de Mercasevilla, por lo que ayer mismo llevó ante la juez esta irregularidad. La instructora ya tiene también sobre su mesa el nombre de Antonio Garrido y todos los datos para que lo investigue. De hecho, en las diligencias que ella había abierto por un supuesto delito societario ya había solicitado toda la documentación del ERE tanto a Mercasevilla, como a la Junta y a Vitalicio.

El alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, se pronunció ayer al respecto en la Cadena Ser, asegurando que le ha "sorprendido" la aparición de estos nombres, pero que va a "tomar todas las medidas" que estén al alcance del Consistorio para aclarar las responsabilidades, aunque dijo que es la "autoridad laboral" la que debe "tomar cartas en el asunto".

Por su parte, el presidente del PP en Andalucía, Javier Arenas, pidió ayer al presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, que "salga del escondite" y dé explicaciones por la inclusión de Garrido en el ERE. "Resulta que en una empresa que está en Sevilla se aplica un ERE y quien cobra de esa empresa de Sevilla está a 300 kilómetros de distancia y nunca ha estado vinculado a esa compañía", criticó.

Por último, el coordinador general de IU, Diego Valderas, anunció que su formación va a pedir responsabilidades políticas y transparencia al Gobierno andaluz. Valderas indicó que quiere conocer qué control tiene el Gobierno andaluz sobre los ERE que se realizan en la comunidad, a tenor de unos hechos "escandalosos", de los que, a su juicio, debe haber responsables políticos.


  • 1