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La Junta zanja su investigación de los ERE con 72 intrusos y 111 irregularidades

La juez denuncia "falta de colaboración" del Gobierno andaluz y duda de los datos de su investigación interna.

el 23 mar 2011 / 11:11 h.

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La jueza Mercedes Alaya instruye el caso.
La Junta zanjó ayer, mes y medio después, su investigación interna sobre las irregularidades en los fondos de ayudas a empresas en crisis con un balance de 183 casos fraudulentos. Tras analizar los expedientes de regulación de empleo (ERE) de los últimos diez años, la Consejería de Empleo apunta 72 intrusos que se estaban beneficiando de ayudas para empresas donde nunca habían trabajado, y 111 "discordancias administrativas". El titular de Empleo, Manuel Recio, colgó ayer en Facebook los datos definitivos y horas después compareció ante los medios.

 

La Junta ha investigado 68 empresas en crisis con pólizas vivas en proceso de cobro. En total se revisaron los expedientes de 5.982 trabajadores, de los cuales casi el 97% estaban limpios. Los 72 intrusos (1,20% del total) se concentran en 24 empresas y las 111 anomalías administrativas (1,86%) en otras 18 firmas. Según Empleo, las prejubilaciones falsas han defraudado nueve millones de euros del fondo para ayudas a empresas en crisis, que contaba con 647 millones. El fraude, por tanto, se restringe al 1,39% del montante. "Es mentira lo que dice el PP de que los trámites han sido mal utilizados y las irregularidades afectan a toda la política sociolaboral de la Junta", dijo Recio.

Empleo se propone ahora dar audiencia a esos falsos prejubilados para que se expliquen y para que devuelvan el dinero. "Se reclamará ese dinero por la vía administrativa. Yo no creo que alguien que esté recibiendo dinero que sabe que no es suyo no quiera devolverlo", advirtió Recio. Si los implicados se niegan a devolverlo, la Junta "estudiará otras vías judiciales para recuperar hasta el último céntimo".

El mismo día que la Junta dio por zanjada su investigación interna, trascendieron dos autos de la jueza, Mercedes Alaya, que instruye el caso de las falsas prejubilaciones. Uno, con fecha del pasado lunes 21 de marzo, sostiene que "se puede entender cierta falta de colaboración por parte de la Junta de Andalucía a la hora de dar cumplimiento al mandato de este Juzgado para que haga entrega de los documentos que le han sido requeridos". La jueza da un plazo de 48 horas a la Intervención General, dependiente de la Consejería de Hacienda, y a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA, antiguo IFA) para que aporten una serie de documentos. La magistrada reclama un sinfín de papeles, como las actas de los Consejos de Dirección de todas las consejerías implicadas, sus organigramas, así como actas de las reuniones de todos los Consejos de Gobierno desde el año 2001.

La jueza insiste en apuntar a "una trama que tendría por objeto la utilización fraudulenta de Expedientes de Regulación de Empleo". Es especialmente contundente con la Intervención General. Exige al órgano superior de control financiero de la Junta que explique por qué no emitió informes de actuación durante la etapa investigada. La Intervención remitió tres años consecutivos, 2005, 2006 y 2007, informes alertando de irregularidades en el procedimiento de concesión de las ayudas pero nunca, según el Gobierno, subió un escalón y encendió la alerta roja con un informe de actuación. En 2001, estos fondos de Empleo salieron del circuito oficial de la Consejería y pasaron a pagarse a través de la empresa pública Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), con lo que se eliminaban controles. La Intervención alertó reiteradamente contra ese procedimiento. La jueza insiste en ese punto y exige que "se explique detalladamente por qué no se emitieron" informes de actuación. Incluso apunta a que eso supone "un incumplimiento flagrante" del decreto que regula esos controles, que fija un plazo de seis meses como máximo para actuar. Se pregunta por qué no actuó el órgano fiscalizador si detectó "la existencia de circunstancias que por su importancia podían ocasionar un importante menoscabo de fondos públicos". La Junta, por el contrario, viene defendiendo que no procedía ese informe porque hubo "un proceso de mejora permanente" en las subvenciones.

En el otro auto, con fecha de 11 de marzo, la juez Alaya pide a la Junta explicaciones sobre los datos aportados de su investigación interna y que, según deja constancia, no coinciden con su propia documentación. En concreto, se pregunta por qué la Junta señala tres intrusos en Saldauto cuando "se elevaría a ocho" o por qué en Surcolor "se señalan dos falsos trabajadores" si, sostiene, "aparece que son 11". Igualmente duda de los falsos prejubilados señalados en Hitemasa (donde la Junta no reconoce, dice la jueza, al ex alto cargo socialista, ya fallecido César Braña, -han cobrado sus herederos- o a Juan Lanzas y su esposa).

El auto judicial interroga asimismo sobre "la diferencia económica" en los pagos autorizados por el exdirector general de Trabajo, Javier Guerrero, ya que hay un ERE de 18 trabajadores, como el de Bonpunt, para el que se libran 1,9 millones de euros; mientras que en Cydeplast compromete 292.548 euros para 34 asegurados. La jueza ordena abrir piezas separadas para cada una de las empresas con intrusos.
La consejera de la Presidencia, Mar Moreno, señaló ayer como "absolutamente normal" que la jueza demande información adicional y aseguró que se cumplirá con los nuevos requerimientos. Moreno defendió que la Junta ha remitido al juzgado "más de 25.000 folios" y que "más de 50 funcionarios" han estado volcados en este investigación.


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