La administración de justicia protagonizó 884 quejas, incluyendo reclamaciones de presos y de extranjeros que persiguen su regularización. Junto al "colapso endémico" de lo contencioso-administrativo, Chamizo criticó el retraso de los juicios y sentencias por impago de pensiones alimenticias y malos tratos.
De "crónico" y "endémico" califica el informe el "colapso" en la jurisdicción contencioso-administrativa, con casos como el de una expropiación forzosa en Málaga recurrida en 1999 cuyo expediente se ha extraviado. Pero son los juzgados de instrucción, violencia de género y penales los que centran algunos de los casos de retrasos más llamativos, donde Chamizo alerta de la frecuente dilación en la ejecución de sentencias sobre el impago de pensiones alimenticias o medidas de protección a las víctimas de violencia de género.
Nueve meses tardó un juzgado de Roquetas de Mar sólo en citar a un hombre denunciado por no pagar la pensión alimenticia por sus hijos; una mujer convive con su agresor a la espera de que se ejecute la orden del juez que le obliga a abandonar el domicilio conyugal; una madre malagueña lleva cuatro años esperando que se celebre el juicio contra el presunto agresor sexual de su hijo menor, que permanece en libertad; y una viuda que perdió a su esposo en un accidente laboral en Cádiz hace cinco años no puede percibir posibles recargos de la pensión porque el caso aún está en diligencias previas.
El Defensor también recibió 292 denuncias de inmigrantes, la mayoría por problemas para su regularización o reagrupamiento familiar. Es el caso de un hombre al que le fue denegado el permiso de residencia -tras cinco años en España- por no haber hecho la declaración de la renta (que finalmente salía favorable a él) o las dificultades de una familia china de 15 miembros para traerse al abuelo de 76 años (que vive solo en su país). Y el aumento de la población reclusa -15.000 internos- también ha provocado un incremento de reclamaciones entre éstos (358), sobre todo por incumplimientos de traslados, permisos y prolongación de la prisión preventiva, como la de un presunto agresor sexual que lleva más de dos años en la cárcel de Málaga a la espera de juicio sin que haya pendiente ningún aspecto de la investigación.
El Defensor alude a la falta de recursos materiales y humanos como uno de los problemas en el funcionamiento de la justicia Por ello, en su informe, también da cuenta de las inundaciones en el juzgado de Lucena o los murciélagos en el de Lora del Río, o la imposibilidad de una madre para pedir copia de las diligencias del asesinato de su hijo -sin esclarecer- porque se le denegó la asistencia jurídica gratuita.
