El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Augusto Méndez de Lugo, ha criticado que el sistema judicial español "deambula por los esquemas del siglo XIX" y no responde a las necesidades y requerimiento de "una sociedad democrática avanzada", como establece la Constitución.
El máximo responsable del Alto Tribunal, que presidió en la Real Chancillería de Granada una recepción con motivo de la apertura del año judicial, ha censurado en su discurso que los nuevos medios técnicos y las mayores competencias asumidas por la comunidad operan sobre "una estructura antigua, de por sí ineficaz".
En este sentido, ha comparado la Justicia en Andalucía con "un automóvil de los tiempos heroicos de la automoción al que se le pone un moderno motor, por lo que el resto de las piezas no permite que desarrolle sus prestaciones".
Según Méndez de Lugo, jueces y magistrados "son mucho más que un engranaje" de la maquinaria de la Administración de Justicia, "ya que sirven al Estado a la vez que son Estado" y su función es "perpetuar el ministerio de la ley".
En un acto al que, entre otras personalidades asistieron la consejera de Justicia y Administración Pública de la Junta, Evangelina Naranjo, ha pronosticado que se avecina un año "jalonado de dificultades", lo que requiere incentivar a la Administración de Justicia "para desempeñar más eficazmente su trabajo".
El aumento de la conflictividad social y económica que acompaña a toda época de crisis, ha advertido Méndez de Lugo, recae sobre la estructura de un sistema judicial "fuertemente sobrecargado y que puede ocasionar su colapso".
En una intervención de algo más de quince minutos, hizo asimismo un breve balance sobre "la injustificable demora" en el proceso de renovación del Consejo General del Poder Judicial, "una muestra de la politización que lamentablemente se ha instalado en los asuntos de Gobierno de la Justicia".
Según el presidente del alto tribunal, "son tiempos" de poner a prueba las instituciones y de que "la dinámica de la coyuntura política y económica no condicione la elección del diseño del sistema judicial adecuado para el siglo XXI".
