La justicia europea reducirá en 219 millones las ayudas comunitarias recibidas por Andalucía en los años noventa después de haber detectado "irregularidades sistémicas" en la adjudicación de contratos y el pago de los fondos. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) confirmó ayer la decisión de Bruselas de reducir en 363 millones de euros las subvenciones a tres comunidades: Andalucía, Valencia y País Vasco.
La sentencia desestima todos los argumentos presentados por España y rechaza sus recursos contra la decisión del Ejecutivo comunitario. Las irregularidades fueron detectadas por la Comisión durante las auditorías realizadas para verificar cómo se habían gastado los fondos del periodo 1994-1999 en las tres comunidades. "A raíz del examen de dichas muestras, la Comisión apreció numerosas irregularidades, algunas de ellas recurrentes", destaca el fallo.
Los errores constituían principalmente infracciones de la normativa de la UE en materia de contratación pública, tales como la modificación de contratos iniciales y la adjudicación directa de las obras complementarias sin realizar una nueva licitación; la adjudicación de contratos utilizando criterios supuestamente irregulares (como el del precio medio y la implantación local y la experiencia de la empresa) y la no publicación de anuncios de licitación en el Diario Oficial de la UE.
La Comisión también señaló la infracción de las normas aplicables en el ámbito de los fondos estructurales, como la ejecución de compromisos después de la fecha límite fijada, los pagos de los gastos con posterioridad al plazo de elegibilidad, o bien la falta de pistas de auditoría y de comprobantes de pago en proyectos de ayuda de Estado. En sus recursos, España no negó la existencia de irregularidades en los diferentes proyectos concretos auditados por la Comisión, pero alegó que el Ejecutivo comunitario no puede realizar las correcciones financieras mediante extrapolación. El tribunal rechaza este argumento, recordando que la jurisprudencia ha establecido ya que errores sistemáticos comunes a varios proyectos de un mismo programa operativo pueden justificar una corrección financiera aplicable al conjunto del programa.
El consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Antonio Ávila, aseguró ayer que la devolución de fondos a la Unión Europea corresponde al Gobierno de la Nación porque fueron sus controles los que fallaron y no los de la administración andaluza. Insistió en que todo el proceso de diálogo con la Comisión Europea lo ha llevado el Gobierno de España, que era la autoridad de gestión del programa y que, por tanto, la Junta "no debe participar en esa devolución de crédito", sino que lo tiene que hacer el Gobierno español. El PP-A exigió a la Junta "más transparencia e información" sobre la gestión que hace de los fondos europeos.
