La Justicia ha condenado a nueve alcaldes de la provincia en el último año

La sentencia contra el exregidor de la Algaba se suma a la ristra de mandatarios castigados por su mala gestión. El caso Camas ha sido el proceso más mediático. La piedra en la que más tropiezan son los delitos urbanísticos.

el 03 jul 2013 / 23:27 h.

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  La Justicia es lenta pero implacable. Una máxima que es aplicable a los alcaldes o exmandatarios de la provincia, algunos de los cuales se encuentran inmersos en procesos judiciales. La llamada por los partidos –sobre todo cuando la sufren– judicialización de la vida política se ha cobrado en el último año la condena de nueve políticos que ostentan o han asumido el bastón de mando en sus pueblos, de todo signo político y la mayoría incurriendo en el mismo error: los delitos urbanísticos, motivados por el boom inmobiliario. El último en engrosar esa lista negra es el que fuera alcalde de La Algaba entre 2003 y 2009, José Luis Vega, que fue condenado ayer a dos años y medio de cárcel por pedir a unos empresarios una comisión de 60.000 euros a cambio de la concesión de una licencia municipal. Vega, que había perdido la Alcaldía en las urnas, ya había abandonado su acta de concejal en octubre por “motivos personales” y para preparar la defensa de las diferentes causas en las que se encontraba imputado. Condición, la de ser exdirigente, que comparten la mayoría de condenados en los tribunales en el último año. Es un ejemplo de la lentitud de la Justicia. De los nueve casos de alcaldes o exalcaldes con sentencias condenatorias desde junio del año pasado, sólo tres se notificaron a dirigentes en activo y, de ellos, sólo en un caso fue ocupando el sillón de Alcaldía: fue el caso de María Josefa Rubiano (PSOE), que, tras ser condenada por la Audiencia de Sevilla a cuatro años y tres meses de inhabilitación por la concesión de dos licencias de obra en suelos declarados como no urbanizables, se vio forzada a dimitir como alcaldesa de El Madroño, en contra del criterio de sus vecinos, que incluso emprendieron una recogida de firmas para que fuera indultada. La lista de alcaldes señalados por la Justicia en el último año es amplia y se inicia el 22 de junio de 2012. El exalcalde de Castilblanco de los Arroyos, Manuel Ruiz Lucas (NIVA), recibió idéntica pena que Rubiano (cuatro años y tres meses de inhabilitación) por parte del Juzgado de lo Penal número 8. La razón fue, según el fallo, por “consentir de manera indiscriminada” la construcción de la urbanización Las Minas en un suelo no urbanizable. Lucas no ha abandonado su acta de concejal –es portavoz en la oposición–, ya que ha recurrido la sentencia ante la Audiencia Provincial de Sevilla. También se mantiene con su acta de edil el que fuera alcalde de El Coronil durante los años 2003 y 2007, José Antonio Núñez (IU). El Juzgado de lo Penal número 4 de Sevilla lo condenó el 4 de junio pasado a un año de inhabilitación especial por “un delito consumado contra los derechos cívicos”, fundamentada en una denuncia presentada por el PSOE por la ausencia del por aquel entonces regidor a los plenos ordinarios. Al igual que en el caso de Castilblanco, Núñez tiene la posibilidad de recurrir el fallo judicial. En esa tesitura se encuentra la alcaldesa de Aguadulce, Isabel Ortiz (PSOE), aunque los ocho años de inhabilitación que dictaminó el juez por hacer concedido la licencia para la ampliación una granja de pavos se decretó hace más de un año. En concreto, en noviembre de 2011. Más polvareda mediática levantó la resolución del caso Camas. Tras años de parálisis judicial, un jurado acordó por unanimidad el pasado 15 de noviembre condenar al exalcalde Agustín Pavón (IU), a los exconcejales Antonio Enrique Fraile (PP) y José del Castillo (PA) y al empresario Eusebio Gaviño a un delito de cohecho por haber intentado sobornar con dinero y una casa a la entonces concejal Carmen Lobo para que votara a favor en el pleno a varios proyectos urbanísticos en el municipio. La decisión del jurado hizo que Pavón, retirado de la política municipal en activo, abandonara la militancia en IU y PC. Posteriormente, el juez dictaminó 14 meses de cárcel para los cuatro acusados, sentencia que ratificó el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. En el caso de Camas, se podría indicar un segundo exalcalde, Antonio Rivas, si bien su condena de 21 meses de inhabilitación se produjo por el caso Mercasevilla y por su gestión como delegado de Empleo. No sólo hay pugnas, sino también aceptaciones. Los exalcaldes de Morón de la Frontera Manuel Morilla (PP) y José Párraga (PSOE) aceptaron en octubre de 2012 una condena de siete años de inhabilitación para ejercer cargo público, además de una multa de 1.095 euros, por un delito continuado contra la ordenación del territorio, al autorizar la instalación de varios negocios, incluyendo un aparcamiento de vehículos pesados, en terrenos no urbanizables. Otra condena, ratificada por el Tribunal Supremo, recayó en diciembre pasado sobre el exregidor de Guillena Justo Padilla (PSOE), por permitir que un alguacil del Consistorio ejerciera durante tres años como policía local, firmando atestados, recogiendo pruebas y compareciendo ante los jueces. La última condena de la que se tuvo constancia fue contra la exalcaldesa de Algámitas, Virtudes Cabello (PSOE), el pasado junio, que fue inhabilitada siete años por legalizar cuatro viviendas en suelo no urbanizable. Sobre delitos urbanísticos también se iba a juzgar al exalcalde de Gerena Jacinto Pereira (PSOE) y parte de su gobierno –incluida la actual regidora–, si bien la vista oral se pospuso hasta el mes de marzo de 2014. El panorama puede resultar desalentador, pero hay atisbos de esperanza: no todos los imputados acaban siendo condenados. Como ejemplo, el alcalde de Lora de Estepa, Salvador Guerrero (PSOE), absuelto de un delito de prevaricación urbanística, o el de El Garrobo, Bernardo Alcón (PSOE), que pese a estar ahora imputado, ha visto como se han archivado cuatro causas en su contra.

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