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La Justicia hondureña prohíbe a los golpistas abandonar el país

Según el Gobierno de facto, los militares derrocaron a Zelaya en cumplimiento de un mandato judicial por impulsar una consulta popular.

el 15 ene 2010 / 21:15 h.

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El depuesto presidente de Honduras, Manuel Zelaya, el pasado 14 de enero el cumpleaños a su hija Hortencia.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y juez especial de Honduras, Jorge Rivera, prohibió ayer salir del país a la Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas, acusada en un proceso por la expatriación del derrocado presidente, Manuel Zelaya.

Al término de la audiencia de declaración de imputados, en la que los seis oficiales no declararon, Jorge Rivera también ordenó que se presenten a firmar cada mes el libro de registro en la secretaría de la CSJ y fijó para el próximo 21 de enero la audiencia inicial del proceso.

"El juez natural nombrado por esta Corte Suprema de Justicia ha determinado, después de escuchar a las partes, del Ministerio Público con la defensa, dictar las medidas cautelares de prohibición de salir del país y obligar a las personas encausadas a presentarse a este tribunal de justicia", dijo a los periodistas el fiscal del caso, Marcio Cabañas.

El coordinador de la defensa de los militares, Dagoberto Mejía y otro abogado defensor, Juan Carlos Sánchez, reiteraron que su estrategia no se basa en una eventual amnistía política a los involucrados en el derrocamiento de Zelaya, decisión que el Congreso Nacional dejó para el próximo Gobierno, que presidirá Porfirio Lobo a partir del próximo 27 de enero.

La defensa planteará, en su momento, argumentos "eximentes de responsabilidad criminal" como "el estado de necesidad, el respeto que se hizo de la Constitución y principalmente la defensa del Estado, la defensa de la patria", argumentó Mejía.

El fiscal Cabañas indicó que "el Ministerio Público todavía tiene (tiempo) para estudiar la medida (dictada ayer) y tiene el término legal para poder interponer un recurso, si lo consideramos necesario".

Defensa del gobierno. Según el Gobierno de facto que preside Roberto Micheletti, al que el Parlamento le otorgó hace dos días la condición de diputado vitalicio, los militares derrocaron a Zelaya en cumplimiento de un mandato judicial por impulsar una consulta popular, declarada ilegal por varios órganos del Estado, para promover una Asamblea Constituyente.

Oficialmente la Constitución prohíbe la expatriación de hondureños y el Ministerio Público acusó a los seis militares el pasado 6 de enero por la expulsión de Manuel Zelaya a Costa Rica tras su derrocamiento el 28 de junio del año pasado.

La Plataforma de Derechos Humanos en Honduras protestó contra el trato especial que se les está dando a esos militares y señaló, en un comunicado, que la justicia hondureña expresó públicamente, desde el mismo día del golpe de Estado, que las Fuerzas Armadas actuaron como defensoras "del imperio de la Constitución y en defensa del Estado de Derecho", elogiando a Micheletti, quien asumió el poder por designación del Parlamento.

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