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La Justicia rechaza la restitución de Zelaya

El domingo se celebran en HOnduras unas cuestionadas elecciones tras el golpe de estado de junio.

el 26 nov 2009 / 20:54 h.

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Comienzan a llegar a Honduras los primeros invitados para observar cómo se celebrarán el domingo las elecciones en ese país. Sin embargo, la Organización de Estados Americanos (OEA ) y las Naciones Unidas no enviarán observadores, porque el derrocado presidente, Manuel Zelaya -en junio pasado-, no ha sido restituido en el poder, al frente del cual está el presidente de facto Eduardo Micheletti.

A esta polémica se une la decisión del miércoles de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Honduras que ratificó que el depuesto presidente Zelaya, no puede ser restituido en su cargo si no se somete a los juicios que tiene pendientes, informó ayer una fuente de ese órgano. En la opinión que enviará esta semana al Congreso Nacional, que el 2 de diciembre debatirá si se restituye o no a Zelaya en la Presidencia, la CSJ ratifica el criterio que emitió el 21 de agosto pasado en el proceso de consultas del Acuerdo de San José, propuesto por el presidente de Costa Rica, Oscar Arias, en su calidad de mediador en la crisis de Honduras. Una fuente de la CSJ explicó a Efe que la opinión que se enviará al Parlamento, y que ratifica la emitida en agosto, fue aprobada el miércoles por la noche por 14 de los 15 magistrados.

El Tribunal Supremo dijo en agosto que "existen acciones penales presentadas (contra Zelaya) por la Fiscalía General de la República", por lo que, "mientras no existan otras disposiciones legales aplicables, no puede eludirse que tendría que someterse a los procedimientos establecidos en la legislación procesal penal". Zelaya es objeto de una orden de captura acusado de varios delitos relacionados con una consulta popular que pretendía celebrar para promover una Asamblea Constituyente el 28 de junio, el mismo día en que los militares lo arrestaron y lo expulsaron del país, y en que el Parlamento designó a Micheletti en su lugar. Según el régimen de facto, los militares derrocaron a Zelaya en cumplimiento de ese mandato judicial.

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