El juez suma la Empresa Pública de Suelo a las ocho investigadas

Gutiérrez Casillas atiende la petición del PP, que pidió abrir esta novena causa. Reclama a la Junta que remita todos los informes de este ente desde 2003.

el 29 nov 2013 / 13:24 h.

El juez de Sevilla que investiga las presuntas irregularidades en Invercaria, la empresa pública de inversión en capital riesgo de la Junta de Andalucía, ha abierto una novena causa para investigar si se hizo un uso inadecuado de las transferencias de financiación en la antigua Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA), según han informado a Europa Press fuentes del caso. vpoLas fuentes han precisado que el juez de Instrucción número 16, Juan Gutiérrez Casillas, ha dictado una resolución judicial en la que acepta la petición realizada al respecto por la acusación que ejerce el PP-A y acuerda incoar esta novena causa, que se suma a las ocho ya abiertas para investigar a otras tantas agencias o empresas públicas de la Junta a cuenta del supuesto uso de las transferencias de financiación para "subvenciones excepcionales y encargos de ejecución" carentes supuestamente de "fiscalización previa" pese a tratarse este último de un requisito "exigible". De igual modo, el magistrado instructor ha decidido requerir a la Intervención General de la Junta para que remita los informes definitivos de esta empresa desde el ejercicio 2003 hasta el último elaborado. Las otras ocho causas abiertas se refieren a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), la Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales (Epgpc), la Agencia Andaluza de Promoción Exterior (Extenda), la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (Egmasa), la Empresa Pública de Deporte Andaluz (Epdasa), la Agencia de Obra Pública de Andalucía (Giasa), la Empresa Pública de Turismo Andaluz (Turasa) y la agencia pública empresarial Radio Televisión de Andalucía (RTVA). En una providencia, el juez acordó investigar a cada una de estas ocho empresas públicas "a fin de esclarecer la posible existencia respecto de ellas de transferencias de financiación por consejerías de la Junta de Andalucía a tales empresas en orden a esclarecer si se ha seguido la tramitación administrativa procedente sometida a fiscalización previa". De este modo, el magistrado quiere indagar si se ha hecho un "análisis diferenciado en cada empresa pública del expediente administrativo de transferencia de financiación para operaciones de encargo de ejecución, subvenciones excepcionales u otros" en orden "a esclarecer en cada una de las diligencias previas que se incoen si existe un ilícito penal constitutivo de un delito de prevaricación y/o malversación de caudales públicos". Y es que, en un escrito presentado en el Juzgado la pasada semana, la Fiscalía Anticorrupción aludía a un informe de la Intervención General de la Junta de Andalucía titulado 'Memoria de Control Financiero Permanente referida a los trabajos realizados en el ejercicio 2006' que recoge que "la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, la Empresa Pública de Gestión de programas culturales, Extenda, Egmasa, Epdasa, Giasa, RTVA y Turasa, presentan defectos en la contabilización de las transferencias de financiación que afectan a resultados o en la clasificación de activo y pasivo". La Fiscalía, en ese sentido, conecta este contenido con otro párrafo de este informe que señala que "del examen del tratamiento contable dado por las empresas públicas a las transferencias de financiación recibidas, se han puesto de manifiesto irregularidades en la tramitación de los expedientes administrativos utilizados por algunas consejerías para el envío de fondos a aquellas". LA PETICION DE ANTICORRUPCION "De forma indebida, el expediente administrativo de transferencia de financiación ha sido tramitado para financiar operaciones de encargos de ejecución, subvenciones excepcionales u otros que habrían requerido una tramitación administrativa propia y fiscalización previa", cita la Fiscalía Anticorrupción sobre este documento de la Intervención General que anuncia, a su vez, "informes definitivos sobre las empresas" en cuestión. La Fiscalía, así, atisba propiamente "la utilización de las transferencias de financiación para el abono final, por parte de las empresas y agencias públicas reseñadas, de subvenciones excepcionales y encargos de ejecución que no han sido objeto de fiscalización previa, siendo ésta exigible en ambos casos", toda vez que el uso de este procedimiento en el seno de la Agencia IDEA está siendo investigado por la juez Mercedes Alaya, que indaga la presunta administración fraudulenta de la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos.

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