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La Justicia, una asignatura pendiente

El sistema democrático, cuyo inicio hay que fechar el día 15 de junio de 1.977, al celebrarse las primeras elecciones libres, ha realizado una profunda transformación de España bajo los sucesivos Gobiernos surgidos de las urnas.

el 15 sep 2009 / 21:24 h.

El sistema democrático, cuyo inicio hay que fechar el día 15 de junio de 1.977, al celebrarse las primeras elecciones libres, ha realizado una profunda transformación de España bajo los sucesivos Gobiernos surgidos de las urnas. La necesidad más apremiante era elaborar y aprobar una Constitución y se hizo con notable acierto al lograrse un texto normativo asumido por todos y que posibilitaba una convivencia pacífica y permitía la alternancia política entre derechas e izquierdas.

La organización territorial del Estado, las relaciones con la Iglesia Católica, la modernización y tecnificación del sistema fiscal y financiero, la nueva ordenación del sector industrial y de la enseñanza en sus distintos ámbitos y, sobre todo, la profunda transformación de las Fuerzas Armadas, que tanto recelo y desconfianza inspiraban por su vinculación al franquismo y por su vocación pretoriana, han sido logros indiscutibles.

En cambio, la Justicia entendida como poder del Estado y como potestad jurisdiccional, no ha tenido la misma suerte y su problemática, compleja y difícil, no ha encontrado por ahora una solución adecuada y satisfactoria. Dejando a un lado las vicisitudes y avatares del Consejo General del Poder Judicial, la organización y eficacia del servicio judicial sigue siendo la asignatura pendiente de nuestra democracia. Es cierto que ha habido múltiples intentos e iniciativas para solucionar el problema, algunas de importancia indiscutible, como el Pacto por la Justicia que suscribieron en su día los dos partidos mayoritarios y que desgraciadamente tuvo unos efectos muy limitados y hoy está completamente olvidado.

La situación ha ido agravándose y ha bastado un hecho concreto de especial sensibilidad social para que se haya llegado a una situación de enfrentamiento total que debería haberse evitado y que, en todo caso, es necesario solucionar ahora con responsabilidad y realismo. Y para ello, en vez de enconarse en estériles polémicas mediáticas sobre responsabilidades pasadas o sobre reconocimiento y ejercicio de determinados derechos, lo prioritario debe ser determinar la situación actual de la Judicatura, sus problemas y necesidades y mediante un gran acuerdo que implique tanto a los partidos políticos como a las distintas Administraciones y a la propia Judicatura elaborar un proyecto de renovación y modernización de nuestra organización judicial a desarrollar en un plazo prudencial.

Punto de partida inexcusable es conseguir una financiación adecuada. Es cierto que tanto el Estado como las Autonomías han realizado importantes inversiones en estos últimos años, pero ante su insuficiencia deberán aumentarse. Lo mismo debe ocurrir con el incremento del número de juzgados para conseguir una ratio jueces-población equiparable a la de nuestro entorno europeo. Por último es inaplazable la incorporación de las nuevas tecnologías con sistemas compatibles y coordinados, como han hecho otros operadores jurídicos.

Resuelto estos problemas básicos, habrá llegado el momento de promover las reformas legislativas necesarias dirigidas a conseguir una justicia ágil, rápida y eficiente.

Antonio Ojeda Escobar es notario

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