Mi antigua afición a la Fórmula 1 me llevó el domingo a Montmeló, y como los atascos en la autopista de Vic eran previsibles opté por desplazarme en tren de cercanías, hasta ahora de RENFE y que pronto pasarán a las competencias de la Generalitat. En la prensa catalana con la que distraía los cuarenta minutos de trayecto venía un llamativo anuncio del PP con este titular: "Suspenso en calidad, suspenso en libertad". Era la réplica de los populares al proyecto de Ley de Enseñanza catalana (LEC) que ha dividido a la gente entre los nacionalistas que aplauden sin reservas la iniciativa y los demás, todos aquellos cuya lengua materna es el castellano, que ven en ella un peligro añadido para la educación de sus hijos.
La megafonía del tren anunciaba reiteradamente que con motivo de las carreras de Montmeló se había reforzado el servicio, y lo hacía en tres idiomas (catalán, español e inglés) con la misma frase explicando a los usuarios que la medida era como consecuencia del Gran Premio de España. Sí, naturalmente, de España, que es como figura en el calendario de Fórmula 1 el extraordinario espectáculo deportivo que desde hace unos años se celebra en tierras catalanas. La lectura de la publicidad del PP y el aviso de los altavoces me parecieron en todo momento coherentes y concordantes, pero al mismo tiempo, cuando entré en el detalle de la LEC, del que informaba el mismo periódico en otra página, comprendí que algo no funcionaba entre el maximalismo del tripartito al querer imponer la enseñanza en la lengua de Mosén Verdaguer y la realidad de una región española donde hasta el 50 por ciento de sus habitantes no es precisamente catalanohablante.
El modelo de política lingüística que persigue la LEC discrimina abiertamente el uso del castellano y de hecho crea un nuevo cuerpo de docentes con una escala diferente a la nacional. La líder de los populares catalanes, Alicia Sánchez-Camacho, afirmaba que esta ley supondrá un recorte de los derechos lingüísticos de los ciudadanos que conducirá a la miseria moral e intelectual de la población, por lo que su partido ha tomado la decisión de recurrirla ante el Tribunal Constitucional.
Cada vez que viajo a Barcelona, y lo hago con frecuencia, me sorprende más que el Gobierno de la Generalitat esté empeñado en crear un problema insoluble que ni es una exigencia de la calle ni favorece a los intereses de una Comunidad cuya proyección comercial y cultural irradia a toda España. La presión de Convergencia i Unió y de la Esquerra Republicana, con el apoyo sin fisuras del Partit dels Socialistes, han convertido a nuestro paisano, el cordobés José Montilla, en un auténtico rehén de la catalanización llevada a unos extremos que no se dieron ni en tiempos de Jordi Pujol.
El Gran Premio de España en Montmeló, todo un éxito de los Brawm GP y con ciertas nuevas esperanzas para nuestro piloto asturiano, se me vino a la mente como la metáfora de esa dicotomía entre la condición del ciudadano corriente y la política errática que no parece mirar a la realidad de las Ramblas.
Periodista
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