La adaptación a la nueva Ley del Suelo pasa por dos puntos importantes en Dos Hermanas: evitar la construcción de más viviendas en suelo rústico y legalizar las urbanizaciones ya levantadas. Este último punto es un proceso largo, caro y que requiere el consenso con los vecinos.
El Ayuntamiento de Dos Hermanas estima que en la ciudad hay en torno a 2.500 viviendas en suelo rústico. Muchas, como las de la urbanización El Limonar, ya tienen sus terrenos recalificados a urbanizables, aunque queden pendientes flecos como la instalación de una red de alcantarillado o la colocación de asfalto en las calles. Varios de sus inquilinos, como Manuel Romero, un jubilado de 61 años que lleva 14 de ellos viviendo en la urbanización, recibieron la notificación de que debería pagar 36.000 euros por su parcela de 1.000 metros cuadrados. Él da una respuesta algo enigmática. "Si tengo el dinero lo pagaré, si no, no".
En esa urbanización de 34 parcelas, el proceso se está acelerando gracias al consenso existente entre los vecinos, que aceptan a regañadientes abonar estas altas sumas de dinero, pero son conscientes de que fueron ellos los que construyeron sus viviendas de una manera ilegal.
En cambio, la posibilidad de sellar un acuerdo se complica algo más en la urbanización vecina de El Pilar, en la que no se alcanzó el 50% de consenso requerido para iniciar los trámites de legalización. Por eso, desde hace una semana el equipo de gobierno (PSOE) esta pensando instar a sus 25 dueños a que recopilen escrituras y elaboren los estatutos, que son los pasos previos a la junta de compensación, que será el órgano que determine el dinero que deben pagar cada uno de los propietarios.
El concejal de Urbanismo, José Manuel Carrión (PSOE), comentó que a los que les queda menos tiempo para integrarse en la ciudad son las personas que tienen sus viviendas en el sector de Echaguy, cerca de en Entrenúcleos, y los de la calle F en Las Portadas.
El edil sabe del proceso largo que supone regularizar las urbanizaciones que ya considera consolidadas en la ciudad. "Hemos tenido muchas conversaciones a lo largo del tiempo y lo primero que querían los vecinos es que pagáramos nosotros este proceso", reconoce, al tiempo que añade que los residentes en estas circunstancias "cada vez están más convencidos de la necesidad de iniciar un proceso de regularización de sus viviendas".