El bolsillo directo del agricultor se resiente, porque le detraen ayudas, pero el importe total que llegará a Andalucía, no. Quien cobre menos de 100 euros dejará de hacerlo. Exentos de rebajas los importes entre 101 y 5.000. Al resto, tijera, y más al terrateniente.
La que en principio iba a ser una revisión -eufemísticamente llamada chequeo médico- de la Política Agraria Común (PAC), al final se ha convertido en una reforma de calado que afecta a lo que más duele, el bolsillo.
En efecto, ni España ni Andalucía pierden partidas presupuestarias e incluso puede haber fondos adicionales, según dice el Ministerio de Medio Ambiente y del Medio Rural y Marino. Lo que sí hay es una redistribución, y esto significa que lo de que un lado se quita, a otro va.
En la actualidad, a todo agricultor o ganadero que reciba más de 5.000 euros anuales en ayudas comunitarias se le resta un 5%, y el importe obtenido se destina a programas que propician el desarrollo y la diversificación económica en el ámbito rural, y aquí caben desde subvenciones agroambientales -fomentan prácticas respetuosas con el entorno natural- hasta construir polideportivos o tanatorios.
Quienes cobren de las arcas de Bruselas menos de aquel importe quedan exentos, y esto es decir que siguen al margen de la tijera a muchos que económicamente no dependen del campo y tienen en la agricultura un complemento para sus rentas.
El recorte (modulación, en el argot de la PAC) se elevará al 7% para 2009 y, progresivamente, se incrementará en un punto hasta que en 2012 -el último año de vigencia del actual marco financiero de la Unión Europea- se alcance el 10%.
Aunque los planes iniciales de la Comisión Europea preveían la posibilidad de rebajas adicionales a partir de 100.000 euros y en especial para los que superaran los 300.000 (grandes propietarios de tierras, popularmente conocidos como terratenientes), tras el acuerdo de los Veintisiete tan sólo estos últimos sufrirán ese mayor corte (4% añadido).
Unos, Junta de Andalucía incluida, baten palmas y dicen que lo que se quita a los grandes perceptores revertirá en beneficio de las pequeñas explotaciones agroganaderas -argumento éste de la Consejería de Agricultura-. Otros, con la patronal Asaja a la cabeza, consideran que es castigar a quienes, en el campo, logran crecer y aprovechar las economías de escala.
En esta comunidad, y según datos del departamento del consejero Martín Soler, son 207 personas y sociedades las que reciben cada año más de 300.000 euros en ayudas, y suman un total de 360,4 millones (1,7 millones por barba). Aquel número es ínfimo si se compara con las más de 350.000 solicitudes que se acogen a financiación comunitaria en esta región, pero el importe cobrado no es precisamente bajo al ponerlo en relación con los 1.800 millones que llegan a Andalucía.
Sea como fuere, la modulación se quita directamente del bolsillo del agricultor -un ejemplo, si ha de embolsarse 5.001 euros, este año se quedarán en 4.750,95 y en 2012 bajará a 4.500,90-. ¿Cabe recuperarlos? Sí, al menos en parte, pero hay que acogerse a algunos de los programas para el desarrollo rural. Así, el productor de girasol que vea restada su ayuda puede solicitar las subvenciones agroambientales, siempre y cuando cumpla los requisitos y haya presupuesto suficiente. Y esto último es clave, por cuanto tales programas han de ser cofinanciados -75% UE, el resto a repartir entre Estado y región-.
