Empecemos por las cuentas. El Ayuntamiento de Sevilla debe 59 millones de euros en facturas atrasadas. En total, 3.092 contando empresas y organismos autónomos. Para pagarlo, lo lógico sería establecer un plan de ahorro para recabar ese importe. Pero no. Se solicita un crédito negociado por el Gobierno central con una serie de entidades bancarias a un interés del 5% anual porque no hay liquidez para pagarlo en el momento. El resultado es que dónde había una deuda de 59,6 millones de euros, de pronto hay que conseguir 80 millones de euros. Porque el Consistorio de Sevilla tiene que pagar 21,9 millones en intereses hasta 2022. Dicho de otra forma una cuarta parte del esfuerzo de ahorro del gasto y aumento de la recaudación se irá a pagar intereses a los bancos. Aunque el peso se alivia con los dos años de carencia -en los que sólo se pagan intereses-, las cuentas del Consistorio quedan condicionadas hasta dentro de diez años. El Ayuntamiento ha firmado una hipoteca de 59 millones, que le costará 22 en intereses. Curioso por cierto que en el mismo borrador del plan de ajuste se critique la refinanciación de la deuda del gobierno anterior por aplazar los pagos para tener liquidez a cambio de pagar más en el futuro ¿Cuál es la diferencia con lo que se ha hecho ahora?
Sin embargo, no hay que presentar un plan de ahorro de aquí a 10 años. El Ayuntamiento debe plantear medidas inmediatas, porque, volviendo al ejemplo de una hipoteca, se trata de acreditar que se puede pagar el préstamo que ha negociado el Estado como avalista. Y lo primero es vender los recortes ya aplicados, para a continuación plantear rebajas de gastos de personal que es lo que espera el avalista y los bancos. De un plumazo, en quince días, se tienen que tirar por tierra todos los convenios y las negociaciones con sindicatos y ordenar por decreto una rebaja salarial del 5% en todas las empresas, la aplicación de las 37,5 horas en toda la Corporación y suprimir plazas de interinos de la administración local al no cubrir vacantes -lo que supone tengan o no una carta de despido reducir plantilla-. Como consecuencia, se ahorrarán 16 millones en 2013 -sin contar Emvisesa y Emasesa- más lo que se recorte en 2012 y cuestiones sin calcular aún. Es decir que sólo con eso se podrían pagar una tercera parte de las facturas. En tres años saldar la deuda. Y no queda ahí porque se reducen transferencias a empresas y organismos autónomos -a ver de qué ha servido el plan de saneamiento de Tussam- y se suprimen sociedades.
Pero eso queda sólo como una pata del nuevo banco de las cuentas locales. El Consistorio tiene que justificar ante el Gobierno central que va a incrementar sensiblemente sus ingresos. Y esto le obliga a cargarse vía decreto, en el caso del PP en Sevilla, buena parte de sus compromisos electorales. Ya no sólo porque el IBI se incremente como acordó el Gobierno central un 10% para todas las viviendas, sino porque suben la mayor parte de las tasas y además se crean nuevas figuras tributarias para sacar fondos de cualquier servicio. Incluso de la concesión de una acreditación de vivienda para un permiso de reagrupación familiar. Esto unido a un plan de refuerzo de multas implica una subida de la presión sobre los bolsillos del ciudadano. Lo que Zoido dijo que nunca llegaría a hacer.
Y lo peor es que es sólo el principio. Cada tres meses se revisan las cuentas y no puede haber ni un desajuste sobre lo previsto bajo pena de intervención. Es decir que las cuentas de Sevilla están totalmente condicionadas por una deuda de 59 millones que se pagará de forma inmediata. Menos mal, por cierto, que las previsiones de Zoido no se cumplieron. Si los cajones hubieran estado llenos de facturas como los de Huelva o Madrid, ¿hasta dónde hubieran llegado los recortes?
