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"La ley de extranjería permitirá repatriaciones sin garantías"

Cáritas, Andalucía Acoge y CEAR alertan del riesgo de desprotección que sufren los menores inmigrantes no acompañados con la nueva norma. 

el 27 nov 2009 / 20:10 h.

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Las ONG Andalucía Acoge , Cáritas Andalucía y CEAR-Andalucía advirtieron ayer de que la nueva Ley de Extranjería, aprobada el jueves en el Congreso de los Diputados, abre la puerta a que el Gobierno central y las comunidades autónomas puedan firmar acuerdos con los países de origen de los Menores Extranjeros No Acompañados (MENA) que se encuentran acogidos en centros de protección andaluces con el objetivo de que éstos sean repatriados "sin las garantías suficientes".

Según indicó el secretario general de Andalucía Acoge, Mikel Araguás, la normativa, después de la reforma, reconoce a las regiones competencias para acordar la repatriación de los menores extranjeros desamparados a centros de acogida en sus países de origen "sin que se estipule que tenga que realizarse un seguimiento de su estado o las condiciones que reúnen los centros de su país", con lo que da la sensación de que lo que pretenden con estos convenios es "quitarse a los MENA sin más", aunque no se sepa bien si irán a un centro de formación, con sus padres o de nuevo a la calle.
En la actualidad, según datos de la Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social, hay en la comunidad autónoma más de 860 menores extranjeros no acompañados que se encuentran tutelados por la Administración autonómica en alguno de los 267 centros de protección que hay en la región.

Araguás señaló además que con la reforma "se cuestiona el hecho de que ante todo un menor extranjero desamparado es un menor antes que inmigrante y como tal requiere la máxima protección", aunque, no obstante, reconoció como aspecto "positivo" que se otorga "mayor protagonismo" al menor durante los procesos judiciales, con la posibilidad de que disponga de un representante legal "para que pueda oírse su voz".

Según el secretario general de Andalucía Acoge, en torno a 800.000 inmigrantes que se encuentran en situación administrativa irregular en España y unos 80.000 en Andalucía pueden verse afectados por el "recorte" de derechos fundamentales en el ámbito de la educación, justicia o situación familiar, entre otros, que supone la reforma de la Ley. Además, tal y como destacó la coordinadora de Cáritas Andalucía, Pilar Muruve, el retoque de la normativa se ha llevado a cabo en un momento de crisis en el que se ha generado la sensación de que los inmigrantes "sobran", cuando "han jugado un papel determinante en el crecimiento económico de España vivido en años anteriores". De hecho, según el informe Randstad 2008, los inmigrantes contribuyeron en un 30% al crecimiento del PIB en el país.
Aragúas llamó la atención sobre que en el ámbito de la educación se restringe el derecho universal de acceso a la misma garantizado por la Constitución, limitándolo a la enseñanza obligatoria y "contraviniendo incluso la jurisdicción del Tribunal Constitucional" que, en diferentes sentencias, ha reconocido que las personas inmigrantes "tengan la edad que tengan y sea cual sea su situación administrativa tienen derecho a la educación en todos los niveles, así como a las becas y ayudas que otorga la Administración". De ahí su intención de pedir la colaboración del Defensor del Pueblo Español para recurrir la Ley ante el Tribunal Constitucional, pues "no está legitimada".

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