La Consejería de Educación creó hace unos meses un grupo de trabajo con miembros del gabinete y expertos externos para diseñar la futura ley de Formación. La presidenta Susana Díaz encomendó al consejero Luciano Alonso que agilizara los trámites para que el anteproyecto llegara al Consejo de Gobierno antes de vacaciones, pero «fue imposible». «No sólo buscamos un modelo integral de FP, sino un modelo productivo nuevo para Andalucía, y eso no se cambia sólo con una ley», explica un alto responsable de Educación. Díaz metió prisas a Alonso cuando el escándalo del desvío de fondos públicos para los cursos de formación a parados de UGT se cobró las primeras detenciones. Pero el objetivo de la ley es de tal envergadura se plantea una reforma integral de la FP reglada y ocupacional que amplíe la oferta de cursos e implique más al empresariado andaluz que el grupo de trabajo no se ha atrevido a presentar el borrador final hasta septiembre.
El documento base del que saldrá el articulado de la ley de Formación Propuestas para el debate de una ley de FP en Andalucía, al que ha tenido acceso este periódico, admite serios errores en cómo se han venido gestionando las políticas activas de empleo. «En la formación de ocupados, el alcance de certificados de profesionalidad (título mínimo que acredita conocimientos sobre un oficio) ha sido nulo, y en la FP para desempleados, apenas llega al 50%», reza el informe. Entre 2007 y 2013, la Junta se ha gastado 2.326 millones de euros para financiar 36.000 cursos encaminados a la inserción laboral. «Desde Educación se está siendo extremadamente críticos con el resultado a largo plazo de esas políticas. No se apostó por una formación estructural, y por eso ahora estamos rediseñando estas políticas con una tasa de paro del 35%», explican desde la Consejería. El borrador critica «la falta de preparación de los formadores de los cursos, el poco contacto directo que tienen con el mundo empresarial, la necesidad de relacionar más la FP con las demandas del sector productivo andaluz a través de prácticas en empresas y de actualizar urgentemente la oferta de ciclos formativos, muy desfasados con respecto al sistema productivo».
Esta norma será el primer soporte legal para regular un objetivo que la Junta se marcó por primera vez hace 12 años: romper con el modelo tradicional de la FP, según el cual, la Formación Profesional inicial (la educación reglada que imparten los institutos) va por un lado, y la FP ocupacional (para trabajadores y parados) va por otro. Estos modelos «estancos» se integrarán en un único sistema que vendrá regulado en la ley, y cuya mayor ambición será centralizar todo el peso de la FP en los institutos: por las mañanas impartirán la nueva FP Básica (sustituta de los Programas de Cualificación Profesional Inicial); ademá sde los ciclos de Grado Medio y Superior; y por las tardes, abrirán para ofertar los cursos a parados y trabajadores. «Tenemos una infraestructura infrautilizada y queremos poner todos los institutos, que ahora cierran por las tardes, al servicio de la ley», explica un alto cargo de la Consejería. Los agentes sociales participan en el diseño de este modelo, pero perderán protagonismo en favor de la Administración (se les retirará la adjudicación preferente para los fondos de formación). Educación endurecerá los criterios de exigencia para ser formadores de cursos y primará a las entidades que demuestren con datos un alto grado de inserción laboral de sus alumnos.
Infraestructura. Ahora en Andalucía hay 572 institutos que imparten alguna modalidad de FP inicial (2.094 ciclos formativos y 617 programas de cualificación profesional). En todos existe un departamento de orientación laboral. También hay 170 institutos de Secundaria para adultos, 143 centros de educación permanente, 51 escuelas de idiomas, 8 institutos provinciales de educación permanente, 11 consorcios escuela, 10 centros de FP para el empleo, seis centros integrados y un instituto de enseñanzas a distancia. La mayoría de estos centros cierra por las tardes o están semivacíos, y la idea es poder explotarlos más con el desarrollo de la ley.
En cuanto al alumnado, hay 514.648 estudiantes en toda la oferta formativa: 131.907 en la FP reglada (Grado Medio y Superior) y 173.899 en la educación permanente, 65.019 en cursos para parados y 76.084 en cursos para ocupados. Sobre los resultados, la tasa de promoción en alumnos de FP de Grado Medio es del 64,64% y de Grado Superior, el 72%. Y en cuanto al porcentaje de titulados, en Grado Medio es del 79,85%, y en Grado Superior, del 79%. Estas cifras reflejan uno de los problemas que tiene la estructura sociolaboral de Andalucía, extrapolable a todo el país: «la dificultad para generar técnicos de nivel medio». En la clasificación estándar, la media europea de técnicos titulados es del 48,7%, en España del 23,5%, y en Andalucía, del 21,77%.
El objetivo de la ley andaluza es ambicioso. Prentende «una planificación única para toda la FP de Andalucía (educativa, de empleo y permanente) basada en el análisis de los sectores productivos y las ocupaciones profesionales en el horizonte 2020». Para ello, la Junta considera «imprescindible» ampliar la oferta de FP inicial el curso pasado casi 42.000 jóvenes (43,3%) se quedaron sin plaza en el ciclo formativo que habían elegido por falta de oferta y ocupacional. Será necesario «revisar y reestructurar la red de centros con incremento de aquéllos donde se imparte una FP de excelencia directamente relacionada con los sectores productivos punteros (ahora sólo hay 12 en Andalucía), coordinar a los institutos y al SAE, crear un sistema permanente de acreditaciones profesionales en Andalucía y adaptar la infraestructura para la nueva oferta de cursos (el borrador no incluye una memoria económica).
Matrícula por materias. La ley debe abordar «la flexibilidad de adaptación de la oferta formativa a las circunstancias cambiantes del mercado laboral», y a las necesidades específicas de las empresas, en especial las pymes, empresas de economía social y autónomos, que representan más del 97% del tejido productivo andaluz. El informe señala que «la FP deberá tener carácter modular y capitalizable con el fin de favorecer la acreditación parcial acumulable de la formación recibida y las cualificaciones incluidas en el catálogo nacional de cualificaciones profesionales», es decir, que un alumno, trabajador o parado tendrá la facilidad de ir sacándose el título parcialmente, módulo a módulo, sin necesidad de matricularse de todo un ciclo ni todo un curso.
La estrategia de fusionar los dos subsistemas de FP: empleo y educación es anterior al escándalo de las facturas falsas en los cursos de formación, aunque éste ha acelerado la tramitación de la ley. El primer paso se adoptó el 3 de abril de 2013, cuando la formación ocupacional pasa de Empleo a Educación. En parte fue la crisis y la disparatada tasa de paro la que motivó este cambio metodológico. Se buscaba mejorar la empleabilidad de la población andaluza y elevar la cualificación profesional de los trabajadores. Unos años antes, los responsables educativos asistieron impávidos a un éxodo de jóvenes que salieron de la escuela sin terminar sus estudios llamados por el boom del ladrillo.
La ley de Formación abrirá los institutos por las tardes para los cursos a parados
